La inédita reforma laboral que el Gobierno del ultraliberal Javier Milei confía en convertir en ley esta semana implica drásticos cambios que barrerán con décadas de conquistas que situaron a Argentina a la vanguardia en materia de derechos de los trabajadores.

El proyecto, que tuvo un tratamiento parlamentario exprés y tiene altas probabilidades de ser aprobado definitivamente el próximo viernes en el Senado, modifica las indemnizaciones por despido, flexibiliza el sistema de vacaciones y horas extra y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos que perjudican al trabajador.

«La reforma implica un retroceso en términos de humanismo porque pretende terminar con el derecho laboral y convertir al trabajador en una cosa, sujeta a un proceso de intercambio mercantil desigual», afirmó a EFE el economista Alfredo Serrano Mancilla, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

Según el experto español, Milei pretende que Argentina sea atractiva para la inversión extranjera por «tener trabajadores sin derechos», una «apuesta deliberada» que «va en el sentido contrario» al derecho laboral «robusto» que Argentina construyó, «fundamentalmente a partir de mediados del siglo XX».

Más de un siglo de normas laborales

Las conquistas en materia laboral en Argentina tienen una historia que se remonta a más de un siglo. Normas sobre el descanso dominical y de protección laboral a mujeres y niños datan de la primera década del siglo XX. Y de 1929 es la ley que estableció una jornada máxima de ocho horas.

Pero fue entre 1943 y 1955 que, por impulso del tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón -primero como secretario de Trabajo y luego como jefe de Estado-, se dieron grandes avances, como las vacaciones pagadas, una remuneración justa, la protección de la seguridad social y el arbitraje obligatorio en los conflictos laborales.

«En ese momento lo que sucede además -tan importante como el dictado de normas- es la fortaleza que toman las organizaciones gremiales en defensa de los derechos de los trabajadores. Éste es un fenómeno muy particular de Argentina, sobre todo respecto de lo que se da en gran parte de Latinoamérica», dijo a EFE el abogado Claudio Moroni, ministro de Trabajo durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023).

Según Moroni, uno de los resultados de esta fortaleza sindical es que Argentina es uno de los países con mayor cantidad de convenios colectivos por rama de actividad, con casi un 90 % de los trabajadores registrados alcanzado por estos convenios, que incluyen protecciones adicionales a las previstas en las normativas generales y que la reforma de Milei obligará a renegociar en el plazo de un año.

La reforma además modificará sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo, aprobada en 1974, y que, según Moroni, «es una de las leyes más avanzadas del mundo en materia de protección de los trabajadores».

La fuerza colectiva, en jaque

La reforma no solo supondrá un retroceso en los derechos individuales de los trabajadores sino, además, para la representación colectiva.

«Argentina ha sido paradigmática en la protección de los derechos de los trabajadores no solo por la fortaleza de los sindicatos sino, además, porque no puede haber más de un sindicato por actividad, lo que le da más poder para discutir salarios y derechos. En general, la mayoría de los países tiene varios gremios por actividad, más débiles para negociar», indicó a EFE Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina.

La reforma pondrá fin a ese fenómeno (podrá haber más de un gremio por actividad) y, además, permitirá los acuerdos por empresa y los contratos individuales con condiciones pactadas directamente entre el trabajador y el empleador, que tendrán preeminencia por sobre los convenios colectivos.

«Hay una tendencia a la deslaboralización, es decir, a que la relación entre los trabajadores y los empleadores sea menos una relación laboral y más una relación contractual tradicional», señaló Letcher.

La reforma también ampliará el listado de sectores considerados esenciales, los cuales no podrán prestar menos del 75 % del servicio en caso de huelga, un derecho que quedará así muy restringido.

«Prácticamente no quedaría ninguna actividad cuyo derecho de huelga no esté reglamentado de un modo muy severo», advirtió Moroni.

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