La acusación, a la que accedió EFE este viernes, la impulsó el Ministerio de Seguridad Nacional y encuadra los hechos bajo la Ley Antiterrorista, que prevé penas agravadas cuando los delitos se cometen con la finalidad de sembrar terror o condicionar decisiones de autoridades públicas.
«El accionar ilícito que denuncio tuvo por finalidad generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso, y vulnerar la integridad de las fuerzas federales de seguridad, instituciones esenciales del sistema democrático argentino», asegura el documento presentado por el representante legal del Ministerio, Lisandro Manuel Franco.
La calificación de terrorismo habilita una investigación federal amplia, con penas más severas y sin excarcelación automática, a diferencia de delitos como daños o atentado contra la autoridad.
La presentación judicial también menciona los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños agravados.
La batalla campal en medio de las protestas
La denuncia se presentó inicialmente sin las pruebas ni la identificación formal de los supuestos organizadores. En el apartado probatorio, el Ministerio indicó que se encuentra “en pleno proceso de análisis” para incorporar elementos de convicción durante la instrucción.
Al menos 71 personas fueron detenidas y 12 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante la protesta, según afirmó el jueves la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.
La cartera de Seguridad difundió un documento con fotos, nombres y números de documento de una veintena de personas señaladas como involucradas en los episodios de violencia.
La protesta que habían convocado distintos sindicatos contra la reforma laboral terminó en una batalla campal el miércoles en la ciudad de Buenos Aires y se disolvió cuando columnas de la policía federal y otros cuerpos de seguridad irrumpieron en la Plaza del Congreso y se llevaron a un número indeterminado de personas detenidas, algunas a rastras y otras en volandas, según pudo constatar EFE en el lugar de los hechos.
Horas después, durante la madrugada del jueves, el Senado argentino aprobó la Ley de Modernización Laboral, que ahora deberá ir a la Cámara de Diputados para, según aspira el Gobierno, esté lista para promulgarse antes del 1 de marzo.
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