El Parlamento Europeo aprobó este martes los cambios en la normativa de la UE que define lo que es un «tercer país seguro» y dio luz verde a la creación de una primera lista europea de países de origen considerados como tales, entre los que se encuentran Colombia, Marruecos o Egipto.
Las nuevas normas, junto con la nueva legislación sobre retornos, facilitarán entre otras cosas a los Estados miembros el envío de migrantes a centros en el extranjero, una cuestión criticada por España y organizaciones humanitarias.
Las dos piezas legislativas votadas este martes, que habían sido ya acordadas por las instituciones europeas, deben ser aún adoptadas por el Consejo, un mero trámite que ocurrirá en fechas próximas.
Sin necesidad de conexión del migrante con el tercer país
Uno de los elementos clave en esta actualización de la normativa es la eliminación del criterio de conexión del migrante con el tercer país. Es decir, los Estados miembros de la UE podrán aplicar este concepto a solicitantes de asilo que no sean nacionales de un determinado país y, por lo tanto, declarar su petición inadmisible (sin examinar su contenido).
La aplicación del concepto tendrá lugar en tres casos, empezando por la existencia de un vínculo entre el solicitante y el tercer país.
Otra opción será que el solicitante haya transitado por el tercer país de camino a la UE y pudiera haber solicitado allí protección.
Por último, cuando no haya conexión ni tránsito por un país seguro, será posible acogerse a la existencia de un acuerdo o convenio con un tercer país seguro, que garantice que ese territorio examinará la solicitud de protección presentada por las personas afectadas.
Según las nuevas normas, cada solicitante que crea que esta disposición no es aplicable en su caso debido a un temor fundado de persecución o al riesgo de sufrir daños graves si es devuelto, deberá demostrarlo.
«Hoy la UE ha cumplido. El voto del Parlamento otorga a los Estados miembros una mayor flexibilidad en la cooperación con los países socios, alivia la presión sobre nuestros sistemas de asilo y refuerza el control sobre la migración», dijo el comisario europeo de Seguridad Interior y Migración, Magnus Brunner, en un comunicado.
La lista de países de origen «seguros»
La Eurocámara también aprobó una primera lista de países de origen seguros -Bangladés, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez– que permitirá agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo de los nacionales de los países incluidos.
A este respecto, el pasado mes de diciembre, en una reunión del Consejo de ministros de Interior, España, al igual que Francia y Portugal, votaron en contra de la medida, al recalcar sus «serias dudas jurídicas» al respecto y considerar que el texto «rompe con la integridad» del pacto migratorio y de asilo.
Además, dispone que los países candidatos a la adhesión a la UE también son considerados países de origen seguros «a menos que circunstancias relevantes, como violencia indiscriminada en el contexto de un conflicto armado, si sus ciudadanos tienen una tasa de reconocimiento de asilo en toda la UE superior al 20 %, o sanciones económicas debido a acciones que afecten a los derechos y libertades fundamentales indiquen lo contrario».
En estos momentos, los candidatos formales a la adhesión al bloque comunitario son Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania.
La votación sobre el concepto del país seguro salió adelante con el apoyo de 396 eurodiputados, la negativa de 226 y la abstención de 30, mientras que la aprobación de la lista de países de origen seguros contó con 408 votos a favor, 186 en contra y 60 abstenciones.
Críticas desde los partidos de izquierda y ONG
Por su parte, Partidos de izquierda y ONG criticaron la normativa aprobada en el Parlamento Europeo con los votos de los conservadores.
«Es extremadamente preocupante ver al Parlamento Europeo romper el cordón sanitario en estas propuestas. Ambas amplían peligrosamente la lista de países a los que se podría deportar a las personas, permitiendo a los Estados miembros de la UE eludir sus obligaciones en materia de derechos fundamentales», dijo a EFE Silvia Carta, representante de la Plataforma para Migrantes Indocumentados (PICUM).
La socialista portuguesa Ana Catarina Mendes lamentó que el Partido Popular Europeo (PPE) haya unido fuerzas con «grupos conservadores y de extrema derecha» para aprobar una reforma «sin tiempo para una reflexión adecuada».
«Vemos la realidad de una política de inmigración de extrema derecha en Estados Unidos. Es decepcionante que los ponentes trabajen con fuerzas que impulsan políticas ‘trumpistas'», advirtió Mendes.
En la misma línea, el alemán Erik Marquardt, eurodiputado de Los Verdes, consideró que el enfoque sobre los llamados países seguros «ha perdido todo equilibrio».
«Clasificar como seguros -continuó- a países como Turquía o Egipto, donde existen graves y bien documentados problemas de derechos humanos, pone a las personas en riesgo y dificulta considerablemente que los solicitantes de asilo demuestren la persecución».
Los conservadores defienden la medida
Por el contrario, el europarlamentario sueco del PPE Tomás Tobé defendió la medida como un paso para «restaurar la confianza» en el sistema europeo.
«Los ciudadanos esperan una acción que sea firme, justa y creíble», declaró Tobé en un comunicado, y aseguró que las leyes permitirán proteger a quienes realmente lo necesitan mientras se rechazan más rápidamente «las solicitudes infundadas» y se alivia la presión sobre los recursos nacionales.
También Assita Kanko, eurodiputada belga de los Conservadores y Reformistas Europeos, subrayó que estas normas «socavan el modelo de negocio de los traficantes de personas» y ofrecen la claridad jurídica necesaria para tramitar solicitudes fuera de territorio comunitario.
«Las personas que realmente necesitan protección deben recibirla, pero no necesariamente en la Unión Europea», sentenció.
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