El gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pende de un hilo después de que la mayoría de las fuerzas políticas que respaldaron su permanencia durante más de dos años señalaran que este mismo jueves se debe debatir y votar un pedido de vacancia (destitución) por su presunta “incapacidad moral permanente” para enfrentar el embate del crimen organizado en el país.
La gota que rebalsó el vaso fue el ataque con armas de fuego por desconocidos que sufrió durante la noche del domingo uno de los más populares grupos de música cumbia del país, mientras presentaba un concierto en un local del Ejército de Perú, en Lima. Dejó heridos a cuatro integrantes de la agrupación Agua Marina y a un vendedor y encendió las protestas como un reguero de pólvora.
Ante la presión popular, los partidos, en su mayoría conservadores, que aseguraron la permanencia de la gobernante en el cargo, se reunieron de urgencia y paulatinamente fueron comunicando su apoyo a la destitución, que fue planteada en primer lugar por el partido ultraconservador Renovación Popular, del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Desde el partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, hasta Alianza Para el Progreso, del gobernador regional César Acuña, informaron su decisión de apoyar el fin del mandato de Boluarte. López Aliaga, Fujimori y Acuña figuran, además del empresario José Luna, del derechista Podemos Perú, como aspirantes a candidatos presidenciales en los comicios de 2026. Se sumaron también otras bancadas de derecha como Acción Popular (AP) y Avanza País, y las de izquierda e independientes, que presentaron sus propias mociones de destitución de la gobernante. Boluarte asumió el 7 de diciembre de 2022, tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.
NIEGAN QUE VAYA A DIMITIR
