Los alcaldes y alcaldesas de los 221 municipios que tiene Ecuador viven con la incertidumbre de no saber «quién será el próximo» en ser asesinado por el crimen organizado, advirtió el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Patricio Maldonado, tras la muerte de cinco de ellos a manos de sicarios en los últimos dos años.
En una entrevista con EFE, Maldonado señaló que el asesinato de sus compañeros ha marcado un antes y un después en la forma en la que realizan sus actividades públicas, pues considera que ese trabajo los hace «más vulnerables» a ser víctimas de estos crímenes.
«Es cada vez más evidente la ausencia de los máximos personeros de las ciudades en eventos y es por no exponerse. Creo que es natural. Cualquiera de nosotros hacemos y haríamos lo mismo porque no sabemos quién es el próximo, no sabemos a qué responde», aseguró Maldonado, alcalde de la localidad de Nabón, perteneciente a la provincia andina de Azuay.
Una situación crítica
«La situación del país es crítica y nadie quiere perder la vida de esa manera», añadió.
Precisamente, después de salir de una actividad pública, el sábado fue asesinado Eber Ponce, alcalde de Arenillas, un municipio de la provincia sureña de El Oro, fronteriza con Perú. La autoridad fue atacada cuando iba en su vehículo y recibió cinco disparos por parte de un hombre a bordo de una motocicleta.
Al asesinato del alcalde de Arenillas le antecedieron en 2024 los de Jorge Maldonado, de Portovelo, también en El Oro; José Sánchez, del cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; y los de Brigitte García, del municipio de San Vicente, y de Agustín Intriago, de Manta, ambos de la provincia costera de Manabí. Este último falleció en 2023.
Seguridad a los alcaldes de Ecuador
Tras el crimen de Ponce, la AME volvió a pedir al Gobierno del presidente Daniel Noboa mayor seguridad para los alcaldes, pero Maldonado aseguró que sus peticiones no han sido aún escuchadas.
«Ojalá que tenga la posibilidad de reunirme con el ministro (de Gobierno) José De la Gasca a la brevedad posible, porque esto no puede seguir esperando, no podemos cruzarnos de brazos a mirar quién va a ser el próximo alcalde o alcaldesa blanco de la delincuencia, que se siga derramando sangre en las calles de nuestro país», reiteró Maldonado con preocupación.
El presidente de la AME dijo que la situación que viven es compleja, pues de las 221 autoridades locales, al menos 100 tienen algún tipo de riesgo por amenazas que han recibido, pero solo 55 de ellas tienen escolta policial. De las 45 restantes, solo algunas han podido costearse seguridad privada.
«Nos dicen que lastimosamente la capacidad operativa que ellos (la Policía) tienen no les permitiría atender a los 221 alcaldes y alcaldesas, pero no todos son los que requieren», mencionó Maldonado, y agregó que la mayoría de los que tienen mayor riesgo están ubicados en ciudades de la costa, donde también hay un mayor índice de criminalidad.
El alcalde consideró que ha habido «una despreocupación» por parte del Gobierno y criticó que cuando se trata de otras autoridades ven «contingentes de seguridad de hasta ocho personas».
«¿Por qué no dejamos de destinar tantas personas para una sola autoridad y nos dedicamos también a atender estos requerimientos de las autoridades locales?», cuestionó Maldonado, quien auguró que después del asesinato de Ponce subirá la cifra de alcaldes que solicitan resguardo de la Policía.
Instaurar el temor
El alcalde señaló que cree que estos asesinatos perpetrados por «grupos con intereses» son parte de una estrategia para «instaurar el temor» en la población. «Es una forma de decir: si al alcalde le hicimos esto, a cualquier otra persona podemos hacerle esto o más», explicó.
Y afirmó que, aunque aún no se conoce las motivaciones de los crímenes, muchas de las amenazas están relacionadas a acciones que toman en contra de, por ejemplo, el tráfico de tierras, razones por las que también han sufrido atentados otros 18 funcionarios municipales como directores o concejales. «Esto nos preocupa sobremanera», aseguró.
El auge de la violencia criminal convirtió a Ecuador en el país con la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica en 2023, con un índice de 47 por cada 100.000 habitantes, una situación que también llevó al presidente Noboa a declarar en a inicios de 2024 un «conflicto armado interno» para luchar contra las bandas del crimen organizado, a las que pasó a denominar como «terroristas».
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