La relatora de la ONU sobre la tortura, Jill Edwards, presentó este jueves un sumario de todos sus informes sobre posibles casos de maltrato y tratos inhumanos en Siria, con el fin de que sea usado en el caso presentado en 2023 contra el depuesto Gobierno de Bachar al Asad ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La documentación incluye acusaciones de “palizas, insultos, electroshocks, así como individuos encerrados en jaulas de madera o metal”, describió la relatora en un comunicado.
“También se documentan quemaduras, heridas de bala y otros signos de crueldad que incluyeron tortura sexual”, destacó Edwards, quien también denunció las condiciones inhumanas en las que fueron encarcelados muchos opositores, sin suficiente agua potable, alimentos o atención médica.
Edwards indicó que en comunicaciones oficiales contra el Gobierno sirio desde 2011 se mencionaron acusaciones de tortura contra 119 individuos, “quienes sufrieron un maltrato que muchos otros miles han experimentado”.
La relatora insistió en que un órgano independiente e imparcial investigue las torturas y otros crímenes durante 14 años de guerra civil en Siria.
El caso fue presentado el pasado año ante el tribunal de La Haya por Canadá y Países Bajos, y aunque Siria no es miembro del CPI sí es firmante de la Convención Internacional contra la Tortura.
Edwards advirtió sobre el actual peligro de que se pierdan evidencias por la actual contaminación de escenas del crimen tales como prisiones, centros de detención y otras instalaciones donde pudieron cometerse malos tratos.
También destacó que otras facciones sirias están acusadas de haber cometido actos de tortura, incluyendo el grupo islamista Organismo de Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham), que lideró la ofensiva que hace apenas dos semanas condujo a la caída de Al Asad.
