Los desafíos internos de América fueron el eje central en los discursos de los líderes latinoamericanos durante la segunda jornada de la Asamblea General de las Naciones Unidas que, en sus intervenciones, hablaron de la crisis en Venezuela, el masivo flujo migratorio en el paso del Darién, la inestabilidad en Haití, el diferendo por el Esequibo, y denuncias de intentos golpistas, entre otros asuntos.

Durante esta jornada pasaron por el atril de mármolde la sede de la ONU los presidentes de República Dominicana, Panamá, Honduras, Surinam y Guyana, pero la expectativa estaba centrada en las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, quien fue el encargado de hablar en nombre del país caribeño ante la ausencia del presidente Nicolás Maduro.

Venezuela se defiende en la ONU

El canciller venezolano defendió el triunfo del presidente chavista -cuestionado por buena parte de la comunidad internacional- en las elecciones del 28 de julio, cuya reelección se ratificó por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sin que por el momento se hayan conocido las actas de los comicios.

Así mismo, el jefe de la diplomacia venezolana denunció que varios países emprendieron “una campaña fascista de desinformación” en contra del Gobierno de Maduro, al que le han exigido mayor transparencia electoral.

“Se ha alimentado desde esta tribuna esa campaña fascista y de desinformación contra nuestro país. El Gobierno de Estados Unidos, y sus gobiernos satélites y serviles, se han dedicado a mentir, atacar y amenazar a nuestro pueblo desde este recinto que es símbolo de paz y entendimiento, intentando imponer una falsa narrativa”, sostuvo el canciller.

Al cierre de la sesión también intervino la ministra boliviana de Exteriores, Celinda Sosa, que respaldo a países sancionados con medidas “unilaterales” como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y también expresó su “apoyo pleno” a la autodeterminación de Palestina.

Sosa sostuvo que Bolivia reconoce a la comunidad internacional “como un espacio de solidaridad y cooperación bajo los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, por lo que rechaza “las medidas coercitivas unilaterales que violan los derechos humanos más elementales y retrasan el desarrollo de muchos pueblos”.

Además, la canciller boliviana se refirió a la centenaria reclamación marítima de Bolivia a Chile que se llevó en 2013 por el país andino ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

En su turno, el presidente panameño, José Raul Mulino, vinculó la crisis migratoria con la crisis institucional que se vive en la región, específicamente en Venezuela, a la que consideró como la causa directa de que millones de venezolanos hayan abandonado su país.

Migración en el Darién

Mulino también habló sobre la “magnitud” de lo que ocurre con los migrantes irregulares que a diario cruzan la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Colombia, en su camino hacia Norteamérica, lo cual es una “inmensa problemática” que enfrenta Panamá por su ubicación geográfica.

Y agregó que esta situación genera un “dolor inmenso” por el drama social de lo que significa este camino que se improvisa por la selva y que se recorre por parte de mujeres, niños y adultos mayores en una “travesía inhumana”.

Ese tránsito de personas, de acuerdo con Mulino, “es liderado por organizaciones criminales, con base en países vecinos, que reciben dinero maldito para lucrarse con la necesidad y la esperanza de miles de seres humanos”.

Inseguridad en Haití y la disputa por el Esequibo

Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, alertó sobre el “colapso inminente” de Haití si fracasa la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMSS), liderada por Kenia.

Abinader destacó que la inseguridad provocada por las bandas armadas sigue empeorando y advirtió de que solo se han desplegado 400 de los 2.000 agentes necesarios para garantizar la estabilidad. “No podemos permitir que los esfuerzos se desmoronen”, dijo al advertir de que un colapso en Haití tendría repercusiones en toda la región.

Por su parte, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, reafirmó su compromiso con una resolución pacífica del conflicto territorial con Venezuela sobre la región del Esequibo. Ali hizo un llamado a la ONU para proteger a los “pequeños Estados” frente a la “agresión externa”, recordando que Guyana ha recurrido al Derecho internacional para defender su soberanía desde su independencia.

El mandatario resaltó que el litigio sigue en manos de la Corte Internacional de Justicia, y celebró la participación de Venezuela en el proceso judicial, a pesar de que el país caribeño no reconoce la jurisdicción de la CIJ en este litigio.

“Esperamos que Venezuela acate la decisión de la Corte”, expresó Ali, subrayando que Guyana siempre ha buscado una solución pacífica y legal.

Amenazas del “capital”

En tanto, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció las amenazas que enfrenta su Gobierno por parte de “las mismas fuerzas del capital” que derrocaron a su esposo, el hoy expresidente Manuel Zelaya, hace quince años.

Castro aseguró que dichas amenazas surgen a raíz de las reformas estructurales impulsadas en su país, incluyendo la denuncia de un “injusto régimen tributario” que perpetúa las desigualdades.

También anunció que su Gobierno se retiró del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, argumentando que este esquema de arbitraje prioriza los intereses privados sobre los estatales.

En tanto, el presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, recalcó “la necesidad urgente de que haya reformas aceleradas y coordinación” en el seno de la arquitectura internacional de financiamiento.

Santokhi, pidió incluir en las operaciones de las instituciones financieras mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) el índice de vulnerabilidad multidimensional.

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