El Gobierno de Perú afronta una nueva crisis tras las pesquisas que ha abierto la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte y la detención de su hermano Nicanor por un presunto tráfico de influencias, mientras diversos sectores políticos y la ciudadanía exigen que se pronuncie la gobernante.
Boluarte, que no ofrece declaraciones a la prensa desde hace varias semanas, nombró hace unos días como vocero del despacho presidencial al funcionario Fredy Hinojosa, quien señala que su tarea solo comprende la difusión de las actividades oficiales. Sin embargo, este viernes, tras ser preguntado por la detención del hermano de la gobernante, aseguró que Boluarte “de ninguna manera” se plantea dimitir de la jefatura del Estado.
Casi en simultáneo con estas declaraciones, el Ministerio Público anunció el inicio de diligencias contra la presidenta y el ministro del Interior, Walter Ortiz, por el supuesto encubrimiento de su hermano Nicanor, al desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción horas antes del arresto de su pariente.
Las diligencias se han abierto contra Boluarte como presunta instigadora del delito contra la administración pública, en las modalidades de encubrimiento personal y abuso de autoridad, por los que se investiga a Ortiz.
