El Gobierno de Venezuela está reactivando “la modalidad más violenta de represión”, con una nueva ola de detenciones a opositores acusados de supuestas conspiraciones como la llamada Operación Brazalete Blanco, indicó este miércoles la Misión Internacional Independiente de la ONU para el país.
La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un nuevo informe sobre abusos cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela desde 2023, donde destacó que “las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno”.
En este periodo, indicó, se ha pasado de una fase menos represora de la oposición, en la que el régimen de Nicolás Maduro se limitaba a crear “un clima de temor e intimidación”, a un periodo más violento “que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio”.
Valiñas resaltó en este sentido que en enero de 2024 Maduro pidió “activar la Furia Bolivariana” tras asegurar que el año anterior se habían desactivado cuatro conspiraciones para asesinarle u organizar golpes de Estado, y que la Fiscalía General dio entonces a conocer la mencionada Operación Brazalete Blanco, una de las supuestas tramas para acabar con la vida del presidente venezolano.
En el contexto de la lucha contra esta última conspiración se degradó y expulsó a 33 militares y se detuvo a diferentes críticos con el régimen.
Recuerdo a Rocío San Miguel y otras perseguidas
Entre ellos, recordó, líderes de campaña del partido Vente Venezuela (la formación de la líder opositora María Corina Machado) y defensores de derechos humanos como Tamara Suju, Sebastiana Barráez o la hispanovenezolana Rocío San Miguel.
Valiñas subrayó que San Miguel, detenida el 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía sin orden judicial, estuvo en paradero desconocido durante cinco días “hasta que las autoridades informaron de que se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la misión”.
También recalcó que ese mes, poco después de que tanto la misión que preside como la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresaran su preocupación por San Miguel, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la misión técnica de la citada oficina y dio a su personal un plazo de 72 horas para abandonar el país.
La jefa de la misión que completan el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá agregó que junto a San Miguel han documentado casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en “conspiraciones” para derrocar al Gobierno.
Unas elecciones en entredicho
Valiñas también recordó que en los seis meses analizados por la misión se logró firmar en Barbados un acuerdo entre Gobierno y oposición para que ésta pudiera concurrir a las elecciones del 28 de julio de este año, pero acciones posteriores pusieron en evidencia las dificultades para su puesta en práctica.
La presidenta de la misión puso como ejemplo la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia de las primarias de la oposición del 22 de octubre, ganadas por amplia mayoría por María Corina Machado, y la ratificación por la misma instancia de justicia de su inhabilitación política de 15 años, el 26 de enero.
“Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, subrayó Valiñas.
Esta también llamó la atención sobre las órdenes de detención contra 14 personas, entre ellas destacados líderes opositores como Juan Guaidó y Leopoldo López, por su presunta vinculación con una conspiración contra el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba, celebrado el 3 de diciembre.
Protesta de Venezuela
En el turno de réplica, la delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra rechazó una vez más las conclusiones de la misión e incluso la legitimidad de ésta, creada en 2019 por el propio consejo para investigar abusos de derechos humanos en el país.
“Estados Unidos, el mayor violador de derechos de toda la historia, la Unión Europea y el fracasado Grupo de Lima diseñaron este mecanismo (la misión) con el propósito de aplicar la máxima presión sobre Venezuela, manipulando los instrumentos y fines de este Consejo”, aseguró un representante de la delegación.
“Pretenden revestir como verdades absolutas todas las barbaridades fabricadas contra Venezuela sin verificación ni prueba sostenible”, agregó en alusión al trabajo de una misión que a su juicio “apela a fuentes anónimas e incluso inventadas”.
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