El expresidente brasileño Jair Bolsonaro declarará ante la Policía Federal, en el marco de las investigaciones por una supuesta trama para dar un golpe de Estado, informó este lunes la defensa del líder ultraderechista.
El asesor jurídico del exmandatario Fábio Wajngarten confirmó en redes sociales que Bolsonaro declarará en Brasilia y afirmó que sus abogados tomarán “las debidas providencias con el fin de asegurarle la más amplia defensa prevista constitucionalmente”.
La Policía lanzó una operación el pasado 8 de febrero en la que se investiga a Bolsonaro y a otros ex altos cargos por su supuesta participación en una trama para impedir la entrega de poderes al ganador de las elecciones de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que la Corte Suprema le ordenó entregar el pasaporte y le prohibió salir del país.
Entre los investigados, además de Bolsonaro, hay dos exministros de Defensa, un almirante y varios personas que prestaban asesoría con los que el expresidente supuestamente discutió un plan para encarcelar a magistrados de la Corte Suprema y convocar nuevas elecciones.
Bolsonaro ha rechazado las acusaciones como producto de una persecución política por parte del Gobierno y de la Corte Suprema, y ha llamado a sus seguidores a una gran manifestación el próximo domingo en la Avenida Paulista, en la ciudad de São Paulo, para “defenderse”.
Intento de golpe
Una semana después de la investidura de Lula, el 8 de enero de 2023 miles de personas afines de Bolsonaro invadieron las sedes de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo en un intento de forzar un golpe de Estado.
Por ese asalto a las sedes del poder, por el momento 59 personas recibieron una condena de entre 3 y 17 años de cárcel por delitos como golpe de Estado, abolición del Estado democrático de derecho y daños contra el patrimonio público.
En esa causa están acusadas 1.413 personas, entre ellos autores materiales e incitadores, aunque en esa lista no figura Bolsonaro, quien en el momento de los hechos se encontraba en Estados Unidos.
Al margen de ese caso, el exmandatario recibió una inhabilitación política por ocho años debido a las declaraciones hechas durante una reunión con representantes diplomáticos antes de las elecciones para presidente de 2022, en las que cuestionó el funcionamiento de las urnas electrónicas para el proceso.
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