España no reconoce en el listado de enfermedades profesionales ninguna relacionada con la salud mental y eso es “una barbaridad”, dice a EFE la psiquiatra y primera comisionada de Salud Mental, Belén González, que reivindica “cambiar las condiciones laborales para que el trabajo deje de doler”.

En una entrevista con EFE, González afirma que en España las consultas están plagadas de personas con problemas laborales, pero también de víctimas de violencia de género: “Si consiguiéramos resolver estos dos grandes problemas, las consultas de salud mental se vaciarían”.

González explica que en ese listado de enfermedades profesionales aparece lumbalgia, el síndrome del túnel carpiano, fracturas, cánceres “y un montón de problemas respiratorios y digestivos, pero ni una sola patología de salud mental” pese a que hay evidencia de que el trabajo puede dañar la salud mental, sobre todo en condiciones de precariedad.

Un “mapeo” de la salud mental de origen laboral

Y es que el nuevo comisionado de Salud Mental tiene como “proyecto irrenunciable” que el trabajo deje de producir depresión, ansiedad y reacciones paranoides y para ello va a desarrollar un “mapeo” en todo el Estado español para conocer qué problemas de salud mental tienen origen en lo laboral.

Esto, ha dicho González, “es algo que no se ha hecho hasta ahora, dado que no está reconocida la relación”.

Por eso, desde el comisionado urgen a ese reconocimiento “entre condiciones laborales y trastorno mental”, y para ello van a desarrollar una vigilancia epidemiológica que permita saber qué casos se ven en Atención Primaria y en la red de Salud Mental teniendo en cuenta que “no tener trabajo”, también es causa de sufrimiento psíquico.

Otra línea de trabajo del recién estrenado comisionado es proteger los derechos civiles, sociales y humanos de los pacientes que acaban ingresados de forma involuntaria.

González considera que existe un “agravio comparativo” entre un ciudadano que tiene un diagnóstico de salud mental y otro que no lo tiene.

Si una persona con una conducta extraña o disruptiva, pero sin trastorno mental, causa un escándalo en la calle, interviene la Policía, pero si es un paciente bipolar o esquizofrénico con un informe previo, es fácil que, además de la Policía, aparezca el 112, sea trasladado a una urgencia psiquiátrica y acabe con una contención mecánica e incluso un ingreso involuntario.

En ingresos involuntarios, la revisión no llega hasta los 6 meses

González admite que ante una situación desesperada hay que intervenir, aunque sea en contra de la voluntad de la persona, pero hay muchos cauces y recursos que se pueden poner y, a veces, admite, el sistema se ha “propasado” con los pacientes “de una forma que no se puede tolerar”.

En el caso de ingresos prolongados, la comisionada recuerda que la revisión de esa situación de privación de libertad se hace cada seis meses, tiempo en el que el paciente está internado en el centro sin que se vea su caso por decisión judicial.

Incluso en los ingresos penitenciarios hay garantías mayores que en estos pacientes”, advierte.

La comisionada apuesta por revisar esta situación de “manera intensa” defendiendo los derechos de los pacientes, que están en situación de “sufrimiento psíquico extremo” y admite que a veces las herramientas que se usan son “cuestionables”.

De nada sirve una cita si no hay seguimiento

La directora del comisionado también pone el foco en las prolongadas listas de espera, y en la dificultad de hacer seguimientos.

“En un proceso de crisis tener una cita cada mes o mes y medio es como no tener nada”, afirma esta experta, que traslada su preocupación por la dificultad de hacer seguimientos, que se demoran hasta seis meses.

Pero no solo las listas de espera, también está en jaque la calidad asistencial a estos pacientes: “Y es que hay muchos casos a los que no se les ve con una frecuencia mínimamente adecuada”.

A veces el psicofármaco es el único recurso

Otro asunto que surge en las consultas es el de los psicofármacos. González admite que los psiquiatras se hartan de decir en consulta que, en caso de que funcionen, “lo que producen es alivio, pero no solucionan el problema” si bien reconoce que, en ocasiones, son “el único recurso”.

En consultas desbordadas donde es difícil encontrar espacio de acompañamiento, se cae, más de lo que se debiera, en la prescripción de psicofármacos cuando ni los ansiolíticos, ni los antidepresivos son la solución.

Por ello, otro proyecto que contempla el comisionado es hacer una menor prescripción si bien, admite, “no es fácil y hay que desarrollar una estrategia.

Reconoce esta experta que cuando una persona está sufriendo es muy difícil retirarle un fármaco que le está aliviando, “pero además es muy injusto porque son las personas que están en peor situación social”.

Así se refiere a la mujer que se levanta a las seis de la mañana, que tiene una doble jornada laboral, que es madre soltera, que tiene que recoger a los niños y que, además, necesita la ayuda de los servicios sociales: “¿A esa mujer que no puede dormir por la noche le vamos a quitar ‘Lorazepam’?”.

Por esto, la nueva comisionada plantea abordar estos asuntos siempre desde una perspectiva social porque con mejores trabajos y mejores viviendas se tiene mejores infancias, y todo ello repercute, a la larga, en una salud mental estable.

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