Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó al expresidente Jair Bolsonaro entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas, en el marco de la operación policial puesta en marcha este jueves contra militares y aliados políticos del líder ultraderechista, por el intento de golpe de Estado de hace un año.
Según informan medios locales, la decisión ha partido del magistrado Alexandre de Moraes, quien conduce las investigaciones en el alto tribunal sobre la trama golpista que actuó durante y después de las elecciones de 2022, para mantener en el poder a Bolsonaro e impedir la asunción del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Vasta operación policial
La Policía Federal cumplió 33 órdenes de allanamiento y 4 de prisión en varios estados brasileños dentro de este gran operativo que apunta directamente al exmandatario y a varios de sus más estrechos correligionarios, entre ellos militares de alta graduación.
De acuerdo con la prensa brasileña, han sido objeto de registros los exministros y generales del Ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que integraron el gabinete de Bolsonaro (2019-2022), y el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos.
También están en esa lista el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por la asonada golpista del 8 de enero de 2023 protagonizada por simpatizantes de Bolsonaro, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL) del exmandatario brasileño.
La Policía Federal no especificó contra quiénes son las órdenes de prisión expedidas por la Corte Suprema.
Una trama para “legitimar una intervención policial”
La Policía Federal sospecha que ese grupo de políticos y militares integró una “organización criminal” que actuó “en la tentativa de golpe de Estado” para “mantener al entonces presidente de la República en el poder”, según señaló la institución en una nota.
La aprehensión del pasaporte de Bolsonaro se enmarca dentro de las 48 medidas cautelares ordenadas por el Supremo contra los investigados, que también incluye “la prohibición de mantener contacto” con el resto de sospechosos y de salir el país; y la suspensión de sus funciones públicas.
La investigación apunta que el grupo investigado “se dividió en núcleos de actuación para diseminar” sospechas de fraude en las elecciones de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro, “antes incluso de la celebración de los comicios”.
Según la Policía, con esa estrategia buscaban “legitimar una intervención militar”.
Sembrar dudas
Los investigados supuestamente construyeron una narrativa para sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones por medio de informaciones falsas sobre las urnas electrónicas que el país usa desde 1996 en sus procesos electorales y que nunca dieron problemas.
De acuerdo con la Policía Federal, hubo un segundo núcleo de actuación que “consistió en la práctica de actos para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible”.
Esos hechos culminaron con la asonada del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en un intento desesperado para derrocar al Gobierno de Lula, que había asumido el poder una semana antes.
Bolsonaro también es investigado en este episodio por incitar a sus acólitos a tomar el poder por la fuerza.
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