El Gobierno chileno inició este viernes la difusión de la propuesta constitucional que será sometida a plebiscito el próximo 17 de diciembre.

Documento elaborado por el órgano constituyente de mayoría conservadora.

“Es fundamental para nosotros garantizar un proceso informado. El año pasado tuvimos diversas críticas por tener un kiosco, por repartir impresos los textos, tuvimos que incluso defender la labor que teníamos como ministerio ante la Contraloría General de la República, que nos dio la razón respecto de nuestras atribuciones”, afirmó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

“Lo hicimos porque tenemos la plena convicción de que es importante que el Gobierno juegue un rol en esto, que es el rol que le corresponde, en el marco de la prescindencia, poder informar”, agregó.

El Ejecutivo inició ayer la distribución de ejemplares en diversas estaciones del metro de Santiago.

Y esta mañana se instalaron puestos de difusión en la Plaza de la Constitución, junto al palacio presidencial de La Moneda, en pleno centro de la capital. La misma acción se replicará en regiones.

Propuesta de la nueva Carta Magna

Durante cinco meses, un órgano de 50 miembros elegidos en las urnas elaboró la propuesta de nueva Carta Magna.

Donde el Partido Republicano ultraderechista (22 escaños) y la coalición Chile Vamos, que agrupa a la derecha tradicional (11), hicieron valer su contundente mayoría para incluir artículos en la propuesta.

Se han criticado estos artículos por varios sectores por suponer “retrocesos” respecto a la Constitución actual, que heredó de la dictadura militar (1973-1990).

Entre las cláusulas más polémicas destacan “el derecho a la vida de quien está por nacer” -una norma que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-.

La expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.

Para los defensores, en cambio, la propuesta garantiza “libertad” y “seguridad” y da “certezas económicas y jurídicas” al país.

Si el texto finalmente se rechaza en diciembre, tal y como apuntan todas las encuestas.

Seguirá vigente la actual carta fundamental, heredada de la dictadura (1973-1990) y reformada en democracia.

El electorado rechazó contundentemente el primer proceso en septiembre de 2022 a un proyecto que en ese momento fue escrito por una convención de mayoría izquierdista.

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