El primer ministro de Portugal, António Costa, dimitió este martes al ser investigado por posible prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno, aunque aseguró que no ha cometido ningún acto ilícito.

“En estas circunstancias, obviamente, presenté mi dimisión a su excelencia el presidente de la República”, afirmó el socialista en una intervención televisada, en la que señaló que el cargo de primer ministro no es compatible con la “sospecha de la práctica de cualquier acto criminal”.

Costa dijo que se vio “sorprendido” este martes con la información de un proceso criminal en su contra y se mostró “totalmente disponible” para colaborar con la Justicia, pero negó las acusaciones y subrayó que se marcha “con la conciencia muy tranquila”.

“Quiero decir, y miro a los ojos a los portugueses, que no me pesa en la conciencia la práctica de cualquier acto ilícito o ni siquiera acto censurable”, apuntó el político, quien, no obstante, considera que debe dimitir porque “la dignidad de funciones de primer ministro” no es compatible con ninguna sospecha.

Tras su renuncia, los próximos pasos a seguir serán decididos por el presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que tiene el poder de disolver la Asamblea de la República y convocar elecciones si lo considera necesario.

El presidente luso convoca a los partidos y al Consejo de Estado tras la dimisión de Costa

Sousa, convocó para mañana, miércoles, a los partidos políticos y para el jueves al Consejo de Estado, tras la dimisión del primer ministro, António Costa, investigado por presunta corrupción.

Para el día siguiente, el jueves, el presidente ha citado al Consejo de Estado, un órgano consultivo de la Presidencia que, entre otros asuntos, puede pronunciarse sobre la decisión de disolver o no el Parlamento, aunque nunca de forma vinculante.

Inmediatamente después de la reunión con el Consejo de Estado, el presidente “hablará al país”, indica la nota.

Investigación de la Fiscalía

Tanto António Costa como varios miembros de su gabinete están siendo investigados por la Fiscalía lusa.

En un comunicado informa de que se ha llevado a cabo el registro de “espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro” y que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso por “desbloquear procedimientos”.

La investigación, en la que se han registrado más de 40 lugares, se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país, además de un proyecto de central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en la ciudad de Sines. 

Varios ministros sospechosos

Ademnás, la Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad “Start Campus”, así como contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados.

También fueron declarados “arguidos” (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente. 

Los registros fueron dictados por la Fiscalía y se están desarrollando a través de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y la Autoridad Tributaria y Aduanera. 

Participan en el operativo 17 magistrados de la Fiscalía lusa, tres magistrados judiciales, dos representantes del Colegio de Abogados, cerca de 145 agentes de la PSP y nueve de la Autoridad Tributaria.

Medios locales informaron de que los agentes también registraron la residencia oficial del primer ministro, António Costa, que se ha reunido este martes con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.

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