La comisión del Congreso brasileño que investigó la intentona del pasado 8 de enero aprobó, por mayoría, su informe final en el que acusa al exmandatario Jair Bolsonaro de ser el “mentor intelectual” de una trama golpista para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El informe, fruto de cinco meses de trabajos, propone además imputar a otras 60 personas, entre ellas cinco exministros del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), excomandantes de la Marina y el Ejército, una veintena de militares y una diputada federal, señalados igualmente de golpismo.

El documento, respaldado por 20 votos frente a 11 contrarios y 1 abstención, será ahora remitido a la Fiscalía, que ya investiga por la vía penal la asonada y ahora decidirá si da secuencia a las indagaciones de la comisión y presenta cargos ante los tribunales.

Esclarecer el violento episodio del 8 de enero

La comisión se instaló para esclarecer el violento episodio del 8 de enero, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema, en Brasilia, para incentivar un golpe militar contra Lula, que había asumido una semana antes.

Esos hechos ya son objeto de diversas investigaciones en el Supremo que intentan esclarecer si el líder ultraderechista incentivó la intentona y si participó en la conspiración antidemocrática.

Por el asalto de Brasilia, el Supremo ha condenado ya a una docena de personas de entre los casi 1.400 procesados. Bolsonaro, por el momento, aparece apenas como investigado. “Responsabilidad directa” de Bolsonaro

El informe de la comisión, elaborado por la senadora Eliziane Gama, defiende, sin embargo, que el asalto de Brasilia fue la culminación de un intento de golpe orquestado meses antes y que tiene como pieza central al capitán retirado del Ejército.

1.100 páginas y declaración de testigos

Para justificar su tesis reconstruyó, a lo largo de 1.100 páginas y apoyada en la declaración de testigos que comparecieron en la comisión, los tensos meses que antecedieron al 8 de enero.

El documento relata los bloqueos de carreteras realizados por camioneros, los campamentos ante cuarteles del Ejército para exigir una intervención militar, atentados frustrados en Brasilia y presuntas discusiones en el seno del Gobierno para impedir la investidura de Lula, materializadas en un borrador de “decreto golpista” hallado por la Policía.

Todo la llevó a concluir que el asalto de enero fue solo el corolario de una trama golpista que comenzó a gestarse “antes” de que Lula ganara las elecciones de octubre de 2022 y que cobró fuerza “a partir de ese momento”.

En este contexto, el informe aprobado acusa a Bolsonaro de tener “responsabilidad directa” y de ser el “mentor intelectual y moral” de la intentona golpista. Por ello, pide que sea imputado por los delitos de asociación ilícita, violencia política, abolición violenta del Estado de derecho y golpe de Estado.

“La importancia histórica”

Gama resaltó este miércoles “la importancia histórica” del texto porque evidencia “de forma robusta” la “tentativa” que hubo de abolir el Estado de Derecho.

En su intervención, la senadora también pidió al presidente del Congreso Nacional, Rodrigo Pacheco, protección policial para ella y para su familia ante la avalancha de “amenazas” que ha recibido desde que lidera los trabajos de la comisión.

Mientras los parlamentarios debatían, Bolsonaro compareció de nuevo ante la Policía para responder por uno de los desdoblamientos de la investigación policial sobre la trama golpista que investiga un intercambio de mensajes con empresarios aliados.

El exmandatario se desmarcó de las sospechas planteadas e insistió a los periodistas que solo es “responsable por aquello que firmó”. La oposición caldea la votación

El bolsonarismo busca responsabilizar al Gobierno de Lula

La sesión de este miércoles se prolongó durante siete horas y estuvo marcada por fuertes cruces de declaraciones entre la mayoría oficialista de la comisión y la oposición bolsonarista, que llegó a calificar a sus adversarios políticos de “canallas”.

Desde el inicio de la comisión, el bolsonarismo ha buscado responsabilizar también al Gobierno de Lula de “omisiones” en el área de seguridad que “facilitaron” la acción de los vándalos el 8 de enero.

Al no conseguirlo, tacharon el informe de “extremadamente parcial”, de “gran farsa” y de ser un instrumento para promover apenas una “persecución medieval”, como citaron los diputados Rodrigo Valadares y Marcel van Hattem.

El oficialismo, integrado por fuerzas de izquierda y centro, denunció “la erosión permanente de los valores democráticos” durante el Gobierno de Bolsonaro, según resaltó el diputado Chico Alencar, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Su colega Fernanda Melchionna condenó además el “machismo inaceptable” de algunos parlamentarios de extrema derecha contra las mujeres de la comisión y destacó que las acusaciones contra Bolsonaro son “un paso muy importante en la búsqueda de la Justicia”.

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