El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó que suspendió momentáneamente el proceso de transición con el actual Gobierno, de Alejandro Giammattei, tras las acciones del Ministerio Público (Fiscalía) contra los comicios del pasado 25 de junio.
Arévalo de León indicó en rueda de prensa que la decisión obedece “ante la situación provocada” por el Ministerio Público, “en tanto se restablecen las condiciones políticas necesarias”.
Además, el presidente electo pidió la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien ya había acusado el pasado 1 de septiembre de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra.
La Fiscalía abre cajas con votos pese a la desautorización
El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala abrió varias cajas con votos de los comicios del pasado 25 de junio, pese al rechazo del Tribunal Supremo Electoral al considerar ilegal dicha diligencia.
La decisión, sin antecedentes en la historia de las elecciones democráticas desde 1986, es parte de un allanamiento realizado por la Fiscalía, debido a un caso del cual no se han divulgado datos oficiales.
El Tribunal Supremo Electoral indicó que se negó a abrir las cajas al señalar que, de acuerdo a la ley, “solo les corresponde” a dicha entidad y órganos electorales la revisión de los votos, pero pese a ello los fiscales del Ministerio Público avanzaron en su procedimiento judicial, según pudo confirmar EFE y corroboraron otras fuentes.
Fiscalía de Guatemala abrió 160 cajas
La Fiscalía pidió abrir 160 cajas que tienen en su interior las boletas electorales de la primera vuelta, realizada el pasado 25 de junio, y dentro de ellas se encuentran los votos emitidos para la elección de la presidencia, diputaciones y alcaldías municipales, según detalló el tribunal.
“Esta diligencia se está llevando bajo la estricta responsabilidad del Ministerio Público”, declaró a periodistas Luis Gerardo Ramírez, jefe de comunicación del Tribunal Supremo Electoral.
Este allanamiento es el tercero que realiza la Fiscalía, entidad al mando de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por corrupción desde el 12 de julio cuando inició una investigación contra el Movimiento Semilla, el partido del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
Supuestas anomalías en las elecciones
De acuerdo con el fiscal Rafael Curruchiche, encargado de la diligencia de este martes, el allanamiento se trata de una investigación por supuestas anomalías en las elecciones del 25 de junio.
Desde que Arévalo de León avanzó al balotaje por la Presidencia, la Fiscalía ha intentado cancelar al partido Semilla por un caso de supuestas firmas falsas durante su proceso de fundación en el año 2018.
Este lunes, durante una reunión de transición con el actual Gobierno dirigido por Alejandro Giammattei y supervisada por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Arévalo de León hizo un llamado para que se detenga “la judicialización contra las autoridades electas”.
El próximo 14 de enero, Arévalo de León junto a su compañera de fórmula, Karin Herrera, debe tomar posesión para el periodo entre 2024 y 2028. Encabezarán el primer Gobierno social demócrata en la historia de la nación de Centroamérica.
“Se quebró la custodia del voto”
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Irma Palencia, aseguró que “se quebró la custodia del voto”, después de que el Ministerio Público (Fiscalía) decidiera abrir varias cajas electorales y revisar las boletas fuera de los parámetros que indica la ley.
La magistrada Palencia advirtió que con las acciones de la Fiscalía “ya no son responsables del voto”. La intervención “es grave y pone en riesgo el proceso electoral”.
Palencia calificó como “grotesca” la acción de la Fiscalía y recordó que los resultados electorales ya han sido oficializados por lo que “de ninguna manera se pueden invalidar” ya que los cargos públicos ganados en las urnas ya han sido adjudicados.
El Tribunal Supremo Electoral recordó que según el artículo 243 de la ley electoral solo las juntas electorales, compuestas por ciudadanos, pueden realizar el escrutinio de los votos.
Además, el magistrado Gabriel Aguilera aseguró que el tribunal electoral no tiene acceso a la investigación con la que la Fiscalía justificó el acceso a los votos.
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