El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este viernes un conjunto de medidas para fortalecer la seguridad pública, entre ellas un plan específico para el combate a la creciente violencia en la Amazonía, restricciones a la venta de armas de fuego y normas más drásticas contra los ataques armados en las escuelas.

Un total de nueve medidas, decretos y proyectos de ley se anunciaron un día después de que un informe divulgara que, pese a que las muertes violentas en Brasil cayeron en 2022 a su menor nivel en once años, la violencia sigue preocupando en la Amazonía; las violaciones sexuales fueron récord y se dispararon crímenes como racismo, homofobia, feminicidio y estafas.

El llamado Programa de Acción en Seguridad (PAS) anunciado por el líder progresista también incluye medidas para combatir la violencia en las escuelas, cuyos ataques, que se multiplicaron en Brasil en los últimos años, pasan a considerarse como crímenes hediondos.

La principal novedad fue el anuncio del Plan de Seguridad y Soberanía para la Amazonía (AMAS) destinado a luchar contra la creciente violencia en la mayor selva tropical del mundo, especialmente el narcotráfico, la minería ilegal y los crímenes ambientales.

“En la Amazonía, con 5 millones de kilómetros cuadrados, un área mayor que Europa, es que se está fomentando el crimen organizado, el narcotráfico y todo lo que es ilícito en Brasil. Tenemos que actuar para que no sea en la selva brasileña, tan deseada para ser preservada por todo el mundo, que se fomente la violencia”, dijo el líder progresista en su discurso.

Helicópteros y lanchas para policías en la Amazonía

El plan prevé una inversión de 2.000 millones de reales (unos 416,7 millones de dólares) en el montaje de bases y la compra de patrullas, armas, helicópteros y lanchas blindadas para las fuerzas de seguridad que actúan en la Amazonía.

Igualmente prevé que se creen al menos 28 nuevas bases terrestres y 5 bases fluviales en las que operarán conjuntamente unos 6.000 agentes de las fuerzas federales y de las regionales; la implantación de la Compañía de Operaciones Ambientales de la Fuerza de Seguridad Pública para la Amazonía y un Centro de Cooperación Policial Internacional en la región, ambas con sede en Manaos.

De acuerdo con las estadísticas divulgadas el jueves por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, la Amazonía, pese a ser la región menos poblada de Brasil, fue escenario de una de cada cinco muertes violentas en el país el año pasado, con más de 9.000 homicidios de los 47.500 registrados en 2022 en todo el país.

Mientras que la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes cayó a 23,4 para Brasil en general, la tasa para la Amazonía fue de 33,8, y en algunos estados, como Amapá, de 50,6.

El crecimiento de la violencia en la región se le atribuye a las disputas entre organizaciones criminales rivales, al avance de la minería ilegal y la deforestación, y a la intensificación de los conflictos por la propiedad de la tierra en la región.

Restricción al acceso de armas

Lula también anunció nuevas medidas para restringir la pose y el porte de armas en Brasil luego que su antecesor, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), flexibilizara la venta de armas, incluyendo las de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Según el informe divulgado el jueves, el número de armas en poder de ciudadanos comunes prácticamente dobló en los cuatro años de gestión de Bolsonaro, hasta cerca de 1,5 millones en 2022.

“Una cosa es que un ciudadano tenga arma en casa, pero no podemos permitir arsenales en las manos de las personas. Seguiremos luchando por un país desarmado. El que tiene que estar bien armado es la policía”, afirmó Lula.

Las medidas que se presentaron reducen aún más el número de armas y de municiones a las que pueden acceder los ciudadanos comunes, incluyendo cazadores y coleccionistas, y vuelven a establecer como de uso exclusivo de las fuerzas armadas algunos armamentos como las pistolas de 9 milímetros y las punto cuarenta.

En el paquete de medidas, el Gobierno también reforzó los castigos para actos antidemocráticos como el ocurrido en del 8 de enero, en que miles de “bolsonaristas” asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

Seis meses después de la intentona golpista, Lula presentó a consideración del Congreso dos proyectos de ley. Uno busca que se permita la incautación de bienes y embargo de cuentas bancarias de los responsables de este tipo de crímenes y otro que se suban las penas, que pueden llegar hasta 20 años para los financiadores de actos antidemocráticos y hasta 40 años para quienes atenten contra la vida de autoridades.

Otras medidas permiten distribuir a los gobiernos en las regiones 1.009,6 millones de reales (unos 210,2 millones de dólares) del Fondo Nacional de Seguridad Pública y 170 millones (unos 35,4 millones de dólares) del Programa Escuela Segura.

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