El Tribunal Supremo de la India sentenció este lunes como posible la disolución del matrimonio, en casos excepcionales, sin cumplir el periodo de espera que establece la ley, un significativo veredicto para esta conservadora sociedad que todavía reprueba y evita el divorcio.
En caso de una "ruptura irremediable del matrimonio" y si ambas partes lo desean, la corte podrá prescindir del periodo de seis meses prescrito en la ley de matrimonio hindú y dictaminar una sentencia de divorcio al momento, sostuvo una sala de cinco miembros del Supremo.
Esta decisión pretende agilizar los trámites para disolver uniones en determinados casos sin tener que remitirlo a un tribunal de familia, en el se tarda al menos entre seis y 18 meses para oficializar un divorcio de mutuo acuerdo.
Hasta ahora, la ley demanda de un periodo de seis meses a una pareja con la intención de salvar el matrimonio.
El veredicto de hoy incomoda a los sectores más tradicionales, que consideran el matrimonio como un sacramento indisoluble, y que ve el divorcio como una tendencia influenciada por la cultura occidental.
Esto además reduce la exposición de mujeres a casos de violencia de género, ya que al no haber una definición exacta de "ruptura irremediable del matrimonio", si una pareja busca el divorcio por violencia doméstica, podría entrar en este supuesto, según explicó a EFE la abogada especializada en divorcios, Prachi Singh.
La Ley de matrimonio hindú, elaborada en 1955, establece una decena de factores para el divorcio, incluido adulterio, abandono, violencia, desorden mental, lepra, enfermedad venérea, conversión de la fe, entre otros.
En los últimos años, la India ha visto un avance en materia de derechos matrimoniales desafiando los parámetros de una sociedad patriarcal.
En julio de 2019, el Supremo indio aprobó una ley para criminalizar con penas de prisión la práctica musulmana del "triple talaq", en la que un marido podía divorciarse de manera instantánea repitiendo tres veces la palabra "talaq" o "me divorcio".
En septiembre de 2018, declaró inconstitucional una ley del siglo XIX contra el adulterio, que trataba a la esposa como un objeto y sólo permitía al marido denunciar la relación extramatrimonial de su pareja con otro hombre.
Un año antes, el Supremo afirmó que el sexo con una menor de 18 años supone un delito de violación, incluso si se trata de una esposa.
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