“Estamos en el peor momento de crisis de violencia del país”, aseguró el ministro ecuatoriano del Interior, Juan Zapata, en momentos en que se registran asaltos, secuestros, robos, extorsiones e incluso una masacre en la que fueron asesinadas nueve personas en la provincia de Esmeraldas.
Zapata apuntó que no desconocen la compleja situación de inseguridad, pero descartó versiones de prensa que daban cuenta de que entre la noche y madrugada de este viernes habían ocurrido diez atentados en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).
Comentó que se han registrado “tres eventos menores”, en esa ciudad, “con cargas menores que no hay que minimizar”, y avanzó que se detuvo para investigaciones a una persona que conducía un automóvil desde el que se dejó “una carga mínima que no genera daños”.
El funcionario se preguntó quiénes fueron los responsables “de hacer que esto crezca como ha crecido hasta este momento. Tenemos más de trece grupos de delincuencia organizada (GDO) que tienen absolutamente todo”, dijo.
A eso se suma la delincuencia común, que toman el nombre de los GDO para extorsionar, indicó en la televisión Teleamazonas.
Alerta de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador lanzó una alerta de seguridad ante la posibilidad de atentados con bombas durante la noche del jueves en Guayaquil y alrededores.
En su sitio web, la misión diplomática aseguró haber recibido “información creíble de que criminales pueden estar planeando realizar atentados con bombas en múltiples lugares desconocidos alrededor de Guayaquil en la noche del 13 de abril”.
“Estamos investigando quién es la fuente que reveló esta información hacia la Embajada americana. Nosotros, desde el punto de vista de Inteligencia, ningún oficial ha entregado”, señaló Zapata al asegurar que ningún representante estadounidense se contactó con él antes de emitir el comunicado.
Hechos violentos
Durante los últimos meses, en varias ocasiones las bandas del crimen organizado, ligadas mayormente al narcotráfico, han efectuado atentados con carros bomba en Guayaquil, el más sonado el del pasado agosto que dejó cinco muertos y diecisiete heridos en el populoso barrio de Cristo del Consuelo.
También son periódicos los atentados armados contra policías y fuerzas del orden, como el de este jueves, donde tres guardias de prisiones fueron asesinadas en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, la más grande del país, situada en Guayaquil.
Por otra parte, el pasado martes, nueve personas fueron asesinadas en un puerto pesquero del municipio de Esmeraldas, cuando un grupo armado abrió fuego contra pescadores que cumplían sus labores habituales en el pequeño puerto.
El puerto de la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, se ha vuelto en los últimos años uno de los principales trampolines de Suramérica para el envío de cocaína a Norteamérica y Europa, y una de las zonas donde más estupefacientes se han incautado.
Paralelamente a ello, han crecido los índices de violencia en esa ciudad y en otras que están también en la ruta de la droga.
Frente a este fenómeno, el Gobierno del conservador presidente Guillermo Lasso trata de responder a los repuntes de violencia con estados de excepción que permiten el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía.
Además, este mes decidió autorizar la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal bajo estrictos requisitos, una polémica medida que está pendiente de la regulación respectiva para poder aplicarse.
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