La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró el sábado que se mantendrá en el cargo y demandó al Congreso adelantar las elecciones generales para poner fin a la crisis y protestas desatadas tras la destitución de su antecesor, Pedro Castillo.
"¿Qué se resuelve con una renuncia mía? Acá vamos a estar, firmes, hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones (...) Exijo que se reconsidere la votación" del viernes, cuando el Parlamento votó en contra de adelantar los comicios generales de 2026 a 2023.
El viernes, el presidente del Congreso, José Williams, precisó que está pendiente reconsiderar la votación en una próxima sesión.
En un mensaje televisado a la nación, Boluarte lamentó las violentas protestas iniciadas el 7 de diciembre, que dejan al menos 18 fallecidos, entre ellos menores de edad. En algunos casos, estas muertes ocurrieron tras choques con militares, autorizados para controlar la seguridad interna en el marco de la instauración de un estado de emergencia.
"Solo entre la calma, la cordialidad y el diálogo sincero y abierto, podremos trabajar (...) ¿Cómo vamos a pelearnos entre peruanos, malograr nuestras instituciones, bloquear carreteras?", consideró.
La gobernante explicó que, si las Fuerzas Armadas salieron a las calles, "ha sido para cuidar y proteger" a los ciudadanos "porque se venía desbordando esta situación (protestas)" con "grupos violentistas".
"Estos grupos no han salido de la noche a la mañana, tenían organizado tácticamente bloquear carreteras", agregó.
Los manifestantes piden la libertad del destituido presidente Pedro Castillo, la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales inmediatas.
Las protestas han sido más intensas en el sur andino del Perú, una región golpeada por la pobreza y con demandas sociales postergadas.
Boluarte, natural de Apurímac, una de las zonas en conflicto, emitió parte de su mensaje en quechua, idioma que es hablado por un importante sector andino en el país.
Las manifestaciones estallaron luego de que Castillo, un maestro rural de izquierda y de origen humilde, intentó dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre, cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto.
Fue detenido en "flagrancia" cuando intentaba llegar a la embajada de México para asilarse. La justicia decidió el jueves que permanecerá preso 18 meses, hasta junio de 2024, para ser investigado por rebelión.
Voceros del ejército explicaron este sábado que la cantidad de "protestas radicales" han disminuido, y las que persisten buscan "afectar activos críticos" del país, mediante "acciones planificadas".
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