Los trabajadores en huelga de la cuprífera estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, retomarán este jueves las negociaciones con el gobierno, en medio de su protesta en contra del anunciado cierre de una contaminante fundición de cobre.

"Hemos aceptado reunirnos una vez más con Codelco", señaló el dirigente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Amador Pantoja, tras una primera jornada que culminó con una negativa a sentarse a la mesa con el gobierno.

Tras un episodio de contaminación la semana pasada, que intoxicó a un centenar de personas, en su mayoría escolares, el Ejecutivo decidió cerrar la fundición Ventanas.

Los dirigentes acordaron reunirse con el ministro secretario general de la Presidencia, Giogio Jackson, y la ministra de Minería, Marcela Hernando.

"Vamos a ir con las posiciones clarísimas: nosotros no estamos renunciando al aporte de la inversión de los 50 millones (de dólares que exigen los sindicatos para extender el funcionamiento de Ventanas), pero también entendemos que este es un proceso de negociación", añadió Pantoja.

Más de 40.000 trabajadores de 26 sindicatos de Codelco bloquearon el miércoles los ingresos de seis sitios de la estatal, responsable de casi el 8% del cobre que se produce en el mundo.

Los huelguistas se manifiestan principalmente frente a la fundidora de cobre Ventanas, ubicada en un parque industrial en la costa central chilena y que es señalada como una de las principales responsables de la contaminación que genera un polo que alberga a más de 15 compañías en las localidades de Quintero y Puchuncaví, donde viven unas 50.000 personas.

El gobierno decidió cerrar Ventanas, debido a la polución generada en la bahía de Quintero y Puchuncaví, a unos 140 km al oeste de Santiago, una zona conocida como el "Chernóbil chileno" por ser una de las áreas más contaminadas del país.

Mientras los trabajadoras afirman que han realizado una "paralización total" de las operaciones de Codelco, el gobierno asegura que la huelga solo alteró pero no detuvo el funcionamiento de la compañía.

Los sindicatos consideran "arbitraria" la decisión del cierre de la fundición y exigen al gobierno del izquierdista Gabriel Boric que invierta a través de Codelco 54 millones de dólares para que la planta cumpla estándares ambientales más altos y siga funcionando.

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