La justicia de Bélgica rechazó la petición de las autoridades judiciales de Ecuador de extraditar al exmandatario Rafael Correa, condenado en su país a ocho años de cárcel por corrupción, pero bajo refugio de Bruselas, anunció este viernes su defensa.
Bélgica otorgó a Correa la condición de refugiado al reconocer que "los procesos penales abiertos contra" el exmandatario "fueron manifiestamente contrarios al derecho a un juicio justo", explicó el escritorio Jus Cogens en un comunicado.
El asilo político ya parecía ser un obstáculo mayor para los intentos de las autoridades ecuatorianas de conseguir la extradición, pero según los abogados del expresidente la justicia belga enterró ahora toda posibilidad.
"El Ministerio de Justicia belga confirma ahora (...) que no dará seguimiento a la solicitud de extradición de Ecuador", y "que Bélgica también se negará a cooperar con la 'justicia ecuatoriana' en el marco de procesos políticos", añadió en la nota, colgada en Twitter por Correa.
El texto no menciona ninguna comunicación oficial belga.
Correa, que reside en Bélgica desde 2017, recibió la condición de refugiado el 15 de abril, según una copia del certificado expedido por el Comisariado General de Refugiados y Apátridas, al que la AFP tuvo acceso.
Pero la medida se conoció una semana después, el 22 de abril, el mismo día que las autoridades judiciales ecuatorianas solicitaron la extradición del exmandatario socialista, que gobernó entre 2007 y 2017.
"Cualquier autoridad independiente que examine lo que sucede en Ecuador se da cuenta de la manipulación de la justicia que tiene lugar con fines políticos", dijo el abogado Christophe Marchand, coordinador internacional de la defensa de Correa, en el comunicado.
Correa, de 59 años, fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel por el delito de cohecho por su participación en un esquema durante su gobierno de sobornos por casi 7,6 millones de dólares a cambio de contratos. Pero él denuncia una "persecución política".
La sentencia en su contra fue ratificada en última instancia en 2020, lo que además le inhabilitó de por vida para desempeñar cargos de elección popular.
El expresidente socialista también enfrenta un juicio, con orden de detención, por el fugaz secuestro de un opositor en Colombia en 2012.
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