Totalmente prohibido en una minoría de países, autorizado en otros con más o menos restricciones, el acceso al aborto sigue siendo un derecho muy desigual y frágil en el mundo.
Según el diario digital Politico, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se preparan para anular una sentencia histórica que reconoce desde hace casi medio siglo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
De confirmarse, Estados Unidos volvería a la situación previa a 1973, cuando cada estado era libre de prohibir o autorizar esta práctica.
Considerando las divisiones sobre esta cuestión, una mitad de los estados, especialmente en el sur y el centro más conservadores y religiosos, pueden ilegalizarla rápidamente.
Un acceso muy desigual
En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para facilitar el acceso al aborto, reconociendo su rol esencial para la protección de la vida, de la salud y de los derechos fundamentales de las mujeres, según Amnistía Internacional.
Sin embargo, la práctica sigue prohibida en casi una veintena de países, especialmente en África y América Latina.
El Salvador adoptó en 1998 una ley draconiana que prohíbe interrumpir el embarazo en todas las circunstancias, incluso en caso de peligro para la salud de la madre o del feto y prevé penas de hasta ocho años de cárcel. Además, las acusaciones suelen incluir el delito de "homicidio agravado", que puede suponer hasta 50 años de cárcel.
En Europa, la ilegalización total es una excepción: existe en Malta, con penas que van de 18 meses a tres años de cárcel, y en los microestados de Andorra y del Vaticano.
En otros países, el aborto está sometido a condiciones extremadamente restrictivas.
El procedimiento es accesible únicamente en caso de peligro para la vida de la madre en Costa de Marfil, Libia, Uganda, Sudán del Sur, Irak, Líbano, Siria, Afganistán, Yemen, Bangladesh, Birmania, Sri Lanka, Guatemala, Paraguay o Venezuela.
En Brasil, el procedimiento está muy limitado solo en caso de violación, riesgo para la madre o grave malformación del feto.
- Un derecho a veces reciente -
En general, son las mujeres de Europa, Norteamérica y Oceanía las que gozan de legislaciones más liberales, a veces aprobadas muy recientemente.
En Irlanda, el aborto es legal solo desde 2018 tras un referéndum histórico que derogó la prohibición constitucional de interrumpir el embarazo. También se liberalizó en 2019 en Irlanda del Norte, la única parte de Reino Unido donde estaba prohibido, pero acceder al procedimiento todavía es difícil.
Nueva Zelanda no despenalizó el aborto hasta 2020. Y en Australia, Nueva Gales del Sur fue el último estado del país en despenalizar el aborto en 2019, aboliendo una ley de hace 119 años.
En Tailandia, la interrupción del embarazo se descriminalizó en febrero de 2021 y ahora puede practicarse hasta la duodécima semana de ausencia de menstruación.
Y también en Asia, el más alto tribunal de Corea del Sur ordenó en 2019 abolir la prohibición de abortar al considerarla anticonstitucional.
En África, Benín se convirtió en octubre de 2021 en uno de los raros países en autorizar esta práctica.
Y en Latinoamérica, el derecho al aborto continúa ganando terreno.
Colombia lo legalizó hasta las 24 semanas de gestación sin importar el motivo. Poco después, Chile decidió el 16 de marzo integrar la despenalización del aborto en el proyecto de la nueva constitución.
En México, en septiembre de 2021, una sentencia histórica de la Suprema Corte declaró inconstitucional la prohibición del aborto.
Marcha atrás
Pero en otros lados, este derecho da pasos atrás.
Honduras, que prohibía esta práctica incluido en los casos de violación, incesto, malformación grave del feto y peligro vital para la madre, aprobó en enero de 2021 una reforma constitucional que endurece más la legislación.
El artículo 67 de la Constitución revisada establece que toda interrupción del embarazo "por la madre o por un tercero" se considera "prohibida e ilegal", y añade que esta cláusula "solo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del pleno del Congreso Nacional".
En Polonia, el Tribunal Constitucional, respaldado por el gobierno populista de ultraderecha, proscribió en octubre de 2020 la interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformación grave del feto. Ahora solo se permite en caso de violación o incesto o si la vida de la madre está en peligro.
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