El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este viernes al tribunal de paz investigar los presuntos crímenes cometidos por la exguerilla FARC contra poco más 400.000 militares y policías durante el conflicto armado.
El mandatario planteó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) "abrir un macrocaso (de investigación) por todos los crímenes de guerra y contrarios al derecho internacional humanitario que las FARC propiciaron a los miembros de la fuerza pública".
"Más de 403.000 hombres de las fuerzas que le han servido a la patria han sido víctimas de esa crueldad", agregó Duque rodeado de la cúpula militar y policial en un museo de las Fuerzas Militares al norte de Bogotá.
La JEP investiga los peores crímenes cometidos en más de medio siglo de conflicto armado por grupos guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado; y dispone penas alternativas a la prisión para aquellos que confiesen la verdad y reparen a los afectados.
Desde su creación, como parte del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el tribunal ha abierto siete 'macrocasos' por secuestro, reclutamiento de menores, violencia política y asesinato de civiles, entre otros.
Duque, que llegó al poder en 2018 con la promesa de modificar lo acordado por su antecesor Juan Manuel Santos, entregó un libro para su "estudio" y "reflexión" a los presidentes de la JEP y la Comisión de la Verdad - un órgano extrajudicial - con testimonios de los uniformados que fueron agredidos.
En 2021, la JEP imputó a 25 militares por su responsabilidad en la ejecución a sangre fría de al menos 6.400 jóvenes, en su mayoría de clases bajas, que presentaron como caídos en combate.
Los magistrados de paz también imputaron a altos mandos de las antiguas FARC por más de 21.000 secuestros. El tribunal espera dictar sus primeras sentencias a mediados de 2022.
Sin mencionar a las FARC, el ministro de Defensa Diego Molano se dijo preocupado porque "los reflectores (de la justicia) se estén dirigiendo hacia la fuerza pública y no hacia los verdaderos victimarios".
"Se han cometido actos individuales que manchan el honor del uniforme" y "tendrán que asumirse con responsabilidad individual" porque fueron "en contra de la abnegación y sacrificio de miles", añadió el ministro.
Según esa cartera, los 400.000 uniformados hacen parte de las 9,8 millones de víctimas por la violencia que tiene Colombia, en su mayoría desplazados.
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