El nuevo poder talibán afgano se considera en su derecho de reprimir a disidentes y encarcelar a manifestantes "ilegales", afirmó este sábado su principal portavoz, en momentos en que crece la preocupación por la desaparición de dos mujeres activistas.

En una entrevista con la AFP, el portavoz, Zabihullah Mujahid, negó que las dos mujeres estuviesen detenidas, pero afirmó que las autoridades "tienen el derecho de arrestar y mantener en detención a quienes infrinjan la ley".

"Nadie debe provocar disturbios, porque eso altera la ley y el orden", advirtió.

Según activistas feministas afganas, las dos mujeres -Tamana Zaryabi Paryani y Parwana Ibrahimkhel- fueron detenidas esta semana en sus casas en Kabul tras haber participado en una manifestación.

La Misión de Naciones Unidas en Afganistán instó al gobierno a "brindar información" sobre el paradero de ambas, sin resultado hasta el momento.

Desde su llegada al poder en agosto, facilitada por la retirada precipitada de las tropas estadounidenses, los talibanes han recurrido a la represión para tratar de contener las protestas, multiplicando las golpizas a periodistas y la detención de críticos.

En los últimos meses hubo algunas pequeñas concentraciones de mujeres, cuyos derechos habían conocido mejoras durante los veinte años en que los talibanes estuvieron fuera del poder en esta nación patriarcal musulmana.

Ninguna de esas protestas había sido autorizada, lo cual lleva a Zabihullah Mujahid a sostener que "en cualquier país esas personas hubieran sido arrestadas".

"Nosotros no permitimos actividades ilegales", afirmó el portavoz del Emirato Islámico de Afganistán.

- Funcionarios "novatos" -

Los talibanes se han abstenido de promulgar medidas a escala nacional que puedan irritar a la comunidad internacional y bloquear la llegada de fondos de los que tienen una necesidad urgente.

Pero los funcionarios provinciales han publicado orientaciones y edictos basados en interpretaciones locales de la Ley Islámica y en tradiciones que han cercenado los derechos de las mujeres.

Las estudiantes de secundaria no han podido regresar a sus colegios en provincias, donde muchas universidades han cerrado, y a las mujeres se les ha prohibido trabajar en la administración pública.

Las mujeres que realizan viajes largos deben además estar acompañadas por un hombre de su familia y en las calles se ven carteles que les ordenan usar burka, un velo integral con una rejilla de tela sobre los ojos.

En la provincia de Bagdis (noroeste), la policía religiosa amenazó con disparar contra las mujeres que trabajen para oenegés si no llevan burka, informaron el viernes empleados de las organizaciones.

Mujahid, que ocupa también el cargo de viceministro de Cultura e Información, disculpó esas amenazas e intimidaciones, alegando que esas fuerzas regionales eran "novatas (...) y no muy profesionales".

"Les falta entrenamiento", señaló.

- Conversaciones en Noruega -

Mujahid insiste en cambio en que el nuevo régimen respalda los derechos de las mujeres, pero interpretados a la luz de la Ley Islámica.

"Incluso sin esas exigencias [de la comunidad internacional], vemos la necesidad de que las mujeres trabajen y reciban educación", aseguró, sin avanzar un fecha precisa para la reapertura de los centros educativos.

Eso ocurrirá "el próximo año", pero "no podemos fijar una fecha", debido a los problemas económicos y a la inexperiencia de las nuevas autoridades, explicó.

Una delegación del gobierno talibán, conducida por el canciller Amir Khan Muttaqi, viajó este sábado a Noruega para reunirse entre el lunes y el miércoles con funcionarios de Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones de las que esperan respaldo financiero, así como con representantes de la sociedad civil afgana con presencia de mujeres.

Esta será la primera visita de los talibanes a un país occidental desde su llegada al poder.

Desde entonces, la situación humanitaria se ha degradado notoriamente.

La ayuda internacional, que representaba un 80% del presupuesto afgano, cesó y Estados Unidos congeló 9.500 millones de dólares que el Banco Central afgano posee en el exterior.

La hambruna amenaza actualmente a 23 millones de afganos, un 55% de la población, según la ONU, que reclama 5.000 millones de dólares este año para poder contener la crisis.

"El Emirato Islámico ha dado pasos para satisfacer las demandas del mundo occidental y esperamos reforzar las relaciones diplomáticas con todos los países", dijo Mujahid.

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