Todos los trabajadores sanitarios de este estado tendrán que estar vacunados antes del 29 de octubre.
Varios empleados del sector de la salud y un proveedor de servicios sanitarios arguyen que este mandato decreto viola su derecho constitucional a la libertad de religión, alegando objeciones de conciencia a la vacuna.
La demanda va contra la gobernadora de Maine, Janet Mills, y otros funcionarios, y pide a los tribunales que bloqueen de forma preliminar esta medida hasta que se resuelva el caso.
El juez Stephen Breyer -que responde a las solicitudes de emergencia de Maine- denegó el martes la petición de los demandantes, que ya había sido rechazada por un tribunal de distrito.
La semana pasada, el Tribunal Federal de Distrito de Maine dictaminó que la obligatoriedad de vacunarse no violaba el derecho de los trabajadores a la libertad de religión, recogida en la primera enmienda.
El Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Primer Circuito confirmó el martes la negativa de la corte de distrito.
El tribunal dijo que esta medida no les impide "mantenerse fieles a sus creencias religiosas profesadas que, según ellos, les obligan a negarse a vacunarse contra el covid-19".
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