Estados Unidos intenta intervenir en un juicio en Canadá de un antiguo espía saudí, según documentos a los que ha tenido acceso la AFP, una iniciativa inusual en medio de una batalla por el poder en Arabia Saudita que amenaza con sacar a la luz secretos de Washington.
Saad Aljabri estuvo en contacto durante mucho tiempo con los servicios de inteligencia estadounidenses en operaciones secretas de lucha contra el terrorismo. Este mando del espionaje saudí se encuentra enzarzado en una batalla jurídica y política con su gobierno liderado por el príncipe heredero Mohamed bin Salman, quien desde que ha llegado al poder en 2017 reprime las voces críticas.
El año pasado en un juicio en Estados Unidos, Saad Aljabri afirmó que Mohamed bin Salmán, apodado MBS, envió agentes para matarlo en Canadá y encarceló a dos de sus hijos en Arabia Saudita.
Posteriormente varias compañías saudíes se volvieron contra Aljabri, acusándole en los tribunales estadounidenses y canadienses de malversar miles de millones cuando ocupaba el cargo. El problema para Estados Unidos es que los documentos que sus abogados quieren presentar en el juicio contienen información secreta sobre Washington.
En una carta a la que tuvo acceso la AFP, el fiscal del departamento de Justicia estadounidense pidió al abogado de Aljabri que “aplace cualquier transmisión de documentos” hasta el 30 de septiembre para dar tiempo a que Washington tome medidas para proteger sus secretos.
Estados Unidos puede acogerse a la regla del “privilegio de los secretos de Estado”, lo que le permite oponerse a la divulgación de información que se considere perjudicial para la seguridad nacional del país. Pero esta norma solo se aplica en los tribunales de su territorio.
“Información sensible”
“Los temas vinculados a las relaciones exteriores y la seguridad nacional de Estados Unidos (…) requieren un trato ‘delicado’ y ‘complejo'”, escribe el fiscal Malcolm Ruby en su carta con fecha del 29 de junio.
Washington “no toma posición” en el caso, pero está preocupado por la “protección de información sensible relacionada con la seguridad nacional”, insiste.
Según él, la divulgación de los documentos activaría automáticamente el artículo 38 de la ley de pruebas en Canadá, lo cual obligaría a los abogados de Aljabri a sacar cualquier información confidencial.
Para probar su inocencia, Aljabri pidió a los tribunales canadienses que examinen las finanzas de Sakab Saudi Holding, una de las empresas que se querella contra él, y su uso en programas llevados a cabo por varias instituciones estadounidenses: la CIA (servicios secretos), la Agencia de Seguridad Nacional y el departamento de Defensa.
Elizabeth Richards, abogada del departamento de Justicia de Canadá y el letrado de Aljabri no respondieron a las preguntas de la AFP.
La AFP también se puso en contacto con Ruby, quien remite al departamento de Justicia de Estados Unidos, que declina comentar el caso.
“Es lo nunca visto en tribunales canadienses”, asegura a la AFP, bajo anonimato, un abogado de Toronto.
“Si el artículo 38 puede impedir temporalmente la divulgación de secretos relacionados con la seguridad nacional estadounidense esto priva a Aljabri del uso de pruebas esenciales para la defensa”, argumenta.
“Una fea disputa real”
En abril, el departamento de Justicia de Estados Unidos dio a entender que quería un acuerdo amistoso entre las partes saudíes, pero no parece que estén dispuestas a alcanzarlo.
“Aljabri trata de recurrir a vías legales porque está bloqueado”, declaró a la AFP una fuente cercana a los dirigentes saudíes.
“Es un intento de último recurso que creo que no funcionará”, con el riesgo de divulgar secretos que “pondrá en apuros a Estados Unidos”.
Un alto cargo en Riad dijo a la AFP que “el gobierno saudí no está implicado” en las demandas en Canadá.
El domingo, Human Rights Watch (HRW) exigió la liberación inmediata de los dos hijos de Aljabri, Sarah y Omar.
En noviembre de 202 fueron condenados respectivamente a más de seis y nueve años de prisión por “blanqueo de dinero” e “intento de fuga” de Arabia Saudita. Según HRW, están detenidos “solo para presionar al padre”.
Un amigo de Aljabri niega que haya habido malversación financiera y denuncia una “vendetta ciega”.
Según esta fuente, Estados Unidos debería “negociar una solución amistosa de esta fea disputa real en la que Aljabri y sus hijos se han visto involucrados”.
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