Un total de 59 cubanos han sido enjuiciados por participar en las inéditas manifestaciones del 11 de julio, indicó este sábado un alto funcionario judicial que no informó el total de detenidos durante el estallido, y rechazó que hubiera juicios "sumarísimos", como denunciaron algunos familiares de los aprehendidos.

“Hasta ayer (viernes) habían llegado a los tribunales municipales del país (primera instancia) 19 procesos judiciales, causas que involucraban a 59 personas, acusadas de cometer presuntos delitos” durante “estos disturbios”, dijo el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro.

Al grito de “tenemos hambre”, “abajo la dictadura” y “libertad”, miles de cubanos protestaron el 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades del país, con saldo de un muerto y decenas de heridos.

Ferro precisó en conferencia de prensa junto con la Fiscal General de la República, Yamila Peña, que de los 59 procesados por “delitos menores” como desacato, desorden público o lesiones no graves, uno quedó absuelto, mientras que el resto todavía “no tiene una sentencia firme”, por lo que pueden presentar recursos de apelación.

“En realidad no han llegado muchos casos a los tribunales”, añadió, negando “una matriz que habla” de “una avalancha de casos judiciales” en el país.

Un dato no “disponible”

Consultado sobre la cifra de detenidos durante las manifestaciones y algunos disturbios, Ferro respondió que a él también lo asalta la “curiosidad”.

“Yo también tengo curiosidad, no lo sé. Se habla de una cifra por un lado, de otras por otros (…), se está investigando, pero yo no conozco ese dato, no es un dato que esté disponible”, dijo.

De manera inesperada, miles de cubanos salieron a protestar pacíficamente hace dos semanas. Pero en algunas zonas hubo saqueos en varias tiendas, y en otras, incluida La Habana, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policía y con personas afines al gobierno.

De acuerdo con una lista, publicada en Twitter por agrupaciones cubanas como el 27N y medios independientes como Periodismo de Barrio, más de 600 personas fueron detenidas.

Entre los aprehendidos que aún no han sido liberados figuran conocidos disidentes como el expreso político José Daniel Ferrer y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del contestatario Movimiento San Isidro (MSI), que fue “trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay”, en La Habana, según denunció esa agrupación de intelectuales y universitarios, que reclaman libertad de expresión y creación.

Remigio Ferro dijo que los cubanos están siendo juzgados en procesos “más expeditos, más ágiles, pero no exentos por ello del debido proceso”. “No son procesos sumarísimos”, sino “abreviados”, apuntó.

La familia de Ányelo Troya, de 25 años, uno de los realizadores del video del polémico rap “Patria y Vida”, denunció que fue condenado el miércoles a un año de prisión por el delito de “desorden público”, en un procedimiento de “atestado directo” (juicio expedito), junto con otros 12 participantes en las manifestaciones.

La fiscal Peña señaló este sábado que, de haber “algún error” en los procesos judiciales, “se aceptará la responsabilidad en los casos concretos”.

Se actuará “con severidad”

El jueves, el canciller, Bruno Rodríguez, había dicho que la mayoría de los arrestados fueron liberados, “habiendo sido multados o bajo medidas cautelares domiciliarias”. Entonces descartó que haya menores de edad en prisión y rechazó que haya desaparecidos.

Peña reconoció que durante las protestas, “algunos menores” fueron traslados a unidades de la policía, “incluso con sus familiares”. En Cuba la edad penal es de 16 años .

Aunque tampoco dio cifras, Peña sostuvo que “muchos” fueron liberados tras demostrar que salieron a la calle de forma pacífica y no estuvieron implicados en hechos violentos.

“La cuestión aquí no ha estado en irse a manifestar”, sino en “agredir, dañar, lesionar, desobedecer (a la autoridad)” y “ni hablar de los otros delitos que son mucho más graves”, dijo Remigio Ferro.

Asimismo, la fiscal subrayó que los tribunales actuarán “con severidad en los casos más graves (…), en los que se demuestre que las personas organizaron, promovieron, financiaron los hechos más graves que afectaron la seguridad colectiva” con el objetivo de “tratar de subvertir el orden constitucional”.

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