A tres meses de las elecciones, además de Vidaurre, los otros candidatos arrestados son: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral, Juan Sebastián Chamorro -primo de Cristiana- y Medardo Mairena.

El comentarista Jaime Arellano, también fue puesto bajo arresto domiciliario.

Ambos fueron quedaron “bajo custodia policial” en su domicilio acusados de “menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación e incitar la intervención extranjera”, según un comunicado de la policía.

Vidaurre, de 66 años, competía por la candidatura de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL-derecha), una de las agrupaciones acreditadas ante el tribunal electoral para las elecciones generales del 7 de noviembre.

Las postulaciones a la presidencia deben inscribirse entre el 28 de julio y el 2 de agosto.

En Nicaragua, si una persona está bajo investigación de delitos o arresto no puede postularse a cargos de elección.

El presidente Daniel Ortega no ha anunciado oficialmente que buscará la reelección, pero sus allegados dan por hecho que será candidato por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda).

El mandatario de 75 años, es un exguerrillero que gobernó entre 1979 y 1990, volvió al poder en 2007 y logró reelegirse dos veces consecutivas en medio de denuncias de fraude de la oposición. Su esposa, Rosario Murillo, es la vicepresidenta.

Ante sanciones y críticas de la comunidad internacional, Ortega afirma que los detenidos no son candidatos ni opositores sino “criminales” que se organizaron con financiamiento de Estados Unidos para dar un golpe de Estado.

Vidaurre y Arellano habían sido citados el sábado a la Fiscalía para ser entrevistados, sin que se les mencionará cargos de ningún tipo, según dijeron a periodistas al salir de la entidad.

“Yo no he hablado nunca que hay que sancionar a Nicaragua, ni cosa que se le parezca (…) no sé cual es la razón. No me explicaron absolutamente nada”, dijo Vidaurre.

La jefa de la diplomacia estadounidense para América Latina, Julie Chung, escribió en Twitter que: “el día que los votantes nicaragüenses confirman su inscripción (en el padrón), Ortega y Murillo arrestan a otros dos opositores políticos”.

“El candidato presidencial Noel Vidaurre y el periodista Jaime Arellano son sólo las últimas víctimas de una campaña despreciable para criminalizar la oposición pacífica”, añadió.

El proceso electoral sigue

Las etapas del proceso electoral, administrado por magistrados en su mayoría del FSLN, avanzan según el calendario y al margen de la ola de detenciones de opositores.

Este fin de semana el Consejo Supremo Electoral (CSE) llamó a la población a visitar los centros de votación para confirmar si sus nombres aparecen en padrón a fin de conocer dónde deberá votar el día de la elección.

En un recorrido por esos centros, la magistrada Mayra Salinas manifestó que “la población está desbordada” atendiendo la convocatoria a verificarse en el padrón.

Previamente, la agrupación CXL denunció que en el padrón provisional entregado por el CSE a los partidos políticos hay una reducción de más de 750.000 ciudadanos, respecto al empleado en los últimos comicios de 2016.

“No sabemos si son ciudadanos cedulados o si fueron eliminados del padrón ya que no hay un código que los identifique” dijo CXL tras exigir al tribunal que explique con “carácter de urgencia” como desaparecieron casi 800.000 votantes en cuatro años.

La jornada de verificación comenzó temprano en la mañana en más de 3.000 centros de todo el país. En algunos sitios hubo presencia masiva, con largas filas sin observar las medidas de distanciamiento físico debido a la pandemia.

“Yo no confío en el Consejo Electoral, pero veo que esta es una necesidad (…) necesitamos una buena dirección en este país, un gobierno que sea de verdad, un gobierno que no sea de mentira”, dijo Mario López, mientras hacía fila.

“Aquí lo más importante es que actualizamos el padrón electoral, la persona que quiera decir que no es así, esta equivocada”, manifestó de su lado Jennifer Hernández, en un barrio al oeste de Managua.

La verificación, que transcurrió sin incidentes, cuenta en el respaldo de partidos de oposición con representación parlamentaria a quienes grupos que carecen de legisladores acusan de colaboracionistas con el gobierno.

Entre los sectores sin representación parlamentaria, algunos piden a la población cumplir con la verificación para estar preparados ante cualquier escenario, mientras otros la rechazan al considerar que con ello avalan un proceso que califican de viciado.

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