En el banquillo de los acusados estará el destituido cardenal italiano Angelo Becciu, quien fue Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018, uno de los cargos más poderosos de la Curia Romana, y asesor muy cercanos al papa Francisco.

El juicio debe determinar si la Santa Sede fue defraudada por un grupo de empresarios sin escrúpulos o si se trató más de un sistema de corrupción interna que involucra a importantes jerarcas de la Iglesia.

El juicio, que durará varios meses, se celebrará en una sala especialmente preparada en los museos del Vaticano, con la presencia de un limitado grupo de periodistas.

La primera audiencia, prevista para el martes, será dedicada a cuestiones técnicas, basadas en la compleja acusación de 500 páginas, fruto de dos años de investigación.

Entre los diez acusados, la mitad estaba al servicio del papa Francisco durante la controvertida compra, realizada en dos fases, de un lujoso edificio de 17.000 m2 en el elegante distrito londinense de Chelsea, del que el papa ha pedido desprenderse rápidamente.

La adquisición de ese edificio, a un precio mayor de su valor real, fue realizada a través de paquetes financieros altamente especulativos, por medio de dos empresarios italianos residentes en Londres.

Esa compra “generó pérdidas sustanciales a las finanzas del Vaticano y se utilizaron inclusive recursos destinados a las obras de caridad personales del Santo Padre”, reconoció la Santa Sede antes de la apertura del juicio.

Todo un reto para Francisco, crítico férreo de la corrupción, el cual ha denunciado sin cesar la especulación financiera mundial desde su elección hace 8 años.

El Vaticano publicó el sábado por primera vez el presupuesto anual de uno de sus departamentos clave encargado de la gestión de propiedades e inversiones.

“Venimos de una cultura del secreto, pero hemos aprendido que en materia económica, la transparencia nos protege más que el secreto”, aseguró el secretario de Economía del Vaticano, Juan Antonio Guerrero.

El entramado de empresarios y fondos

Entre 2013-2014, la Secretaría de Estado del Vaticano pidió prestado 200 millones de dólares, buena parte de ellos al banco Credit Suisse, para invertir en el fondo luxemburgués del empresario italiano residente en Londres, Raffaele Mincione.

La mitad de la suma tenía como objetivo adquirir parte del edificio de Londres y la otra parte sirvió para realizar inversiones bursátiles.

Raffaele Mincione utilizó el dinero de la Iglesia para “operaciones especulativas”, entre ellas la compra de bancos italianos con problemas financieros.

La Santa Sede, que terminó por registrar pérdidas bursátiles, no tenía la capacidad para controlar tales inversiones, por lo que decidió cuatro años más tarde, a finales de 2018, poner fin a esa alianza.

Para ello, la Santa Sede eligió como nuevo intermediario a Gianluigi Torzi, quien negoció la salida de Raffaele Mincione, indemnizándolo con 40 millones de libras esterlinas (55 millones de dólares) y modificando el acuerdo financiero para que el Vaticano finalmente se convirtiera en el único dueño del edificio.

Torzi a su vez tomó el control de la propiedad del Vaticano (a través de acciones con derecho a voto) y luego extorsionó a la Secretaría de Estado para obtener 15 millones de euros (casi 18 millones de dólares) por su salida, según el texto de la acusación del tribunal penal.

Los magistrados identificaron también a las dos figuras claves que ayudaron a Mincione y a Torzi a entrar en las redes del Vaticano a cambio de dinero.

Se trata de Enrico Crasso, un conocido hombre de negocios de nacionalidad suiza, ex-Credit Suisse, quien gestionó por décadas los dineros de la Secretaría de Estado.

El otro es Fabrizio Tirabassi, un importante funcionario laico de la Secretaría de Estado, a cargo de las inversiones, quien recibía además comisiones de los bancos por su intervenciones y era considerado la mano derecha del cardenal Becciu.

El método Becciu

Como en todo escándalo, las revelaciones de un misterioso personaje femenino, apodado la “Dama del cardenal”, ajena a la compra londinense, contribuyeron a incrementar las sospechas en torno al cardenal Becciu, destituido el 24 de septiembre del 2020 por el papa Francisco por sospechas de malversaciones.

La mujer, de cuarenta años, quien aseguró que realizaba actividades de inteligencia por cuenta de la Santa Sede para liberar a religiosos secuestrados por el mundo, recibía jugosas remuneraciones, según el llamado “método Becciu”, como lo tilda la prensa italiana.

El gran interrogante ahora es si el caso salpicará a otras personalidades de la jerarquía de la Iglesia.

El Secretario de Estado y número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, anunció que la entidad más cercana al pontífice se presentará como parte civil en el juicio, ya que se siente víctima de ese entramado que dejó “perdidas considerables” en las finanzas vaticanas.

Aún no se sabe si el purpurado deberá comparecer ante los jueces.

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