El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, insistió este martes en que "todas las vacunas" son seguras, en respuesta a la polémica respecto a AstraZeneca, y confirmó que no prolongará el estado de alarma más allá del 9 de mayo.

Al igual que otros gobiernos europeos tras la detección de trombos en personas recién vacunadas, las autoridades españolas llevan semanas de quebradero de cabeza con la versión de AstraZeneca.

Después de un parón y varios cambios de criterio, esta vacuna, que consta de dos dosis, se está administrando ahora mismo a los españoles de entre 60 y 69 años.

Los criterios cambiantes causaron incomprensión y anulaciones en España. El mandatario socialista salió al paso, afirmando que “todas las vacunas que ahora mismo se están suministrando” en España y Europa en general “cuentan con todas las garantías, con todas las seguridades”.

“El análisis de riesgo-beneficio es sin duda alguna absolutamente desequilibrado en favor del beneficio, de salvar vidas”, añadió Sánchez tras el consejo de ministros semanal, retomando el argumento de la Agencia Europea del Medicamento.

El mandatario defendió incluso los parones ocurridos, afirmando que estos ilustran “las garantías del propio proceso de vacunación”.

España contará en los próximos días con una cuarta vacuna, la de Janssen, en una sola dosis, que se sumará a las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Hasta la fecha se administraron cerca de 11 millones de dosis, según el ministerio de Sanidad, y el objetivo es tener vacunada al 70% de la población española a fines de agosto.

Por otro lado, Sánchez confirmó que su gobierno no buscará prolongar el estado de alarma, en vigor en España desde octubre, cuando expire el próximo 9 de mayo.

El estado de alarma adoptado contra la pandemia ampara medidas lesivas para las libertades individuales, como son el toque de queda nocturno o la prohibición de viajar entre regiones salvo en casos justificados.

El presidente regional vasco, Íñigo Urkullu, pidió el lunes a Sánchez que prorrogue el estado de alarma, afirmando que si no lo hace faltarán herramientas legales eficaces para imponer restricciones.

Pero el presidente del ejecutivo español replicó este martes que a partir del 9 de mayo serán las 17 regiones el país las que deberán adoptar las medidas que consideren convenientes, y hacerlas validar por la justicia.

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