La líder civil Aung San Suu Kyi expulsada del poder por la junta militar en Birmania es objeto de nuevas denuncias penales, anunció este lunes su abogado, mientras los militares endurecen la represión contra el movimiento prodemocracia.
Ang San Suu Kyi, de 75 años, no ha sido vista en público desde que fuera detenida en las primeras horas del golpe de Estado del 1 de febrero.
Desde entonces, la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes prodemocracia en Birmania ha ido en aumento y provocado la muerte a más de 700 civiles.
Ang San Suu Kyi “ha sido imputada con seis causas, cinco en (la capital) Naipyidó y una en Rangún”, declaró a la AFP Min Min Soe, indicando que esas denuncias están vinculadas con la legislación sobre la gestión de las catástrofes naturales.
La premio Nobel de la Paz en 1991, ya estaba procesada por otros cargos, incluyendo “incitación al desorden público”. También se la acusa de haber recibido sobornos y de haber violado una ley sobre secretos de Estado.
Según el abogado, Suu Kyi–sometida a arresto domiciliario en Napyidó–, parece estar en buena salud, pero se ignora si tiene acceso a las informaciones sobre lo que ha ocurrido en Birmania en los dos últimos meses y que han generado gran conmoción internacional.
Balas reales
En las manifestaciones casi diarias, en las que se pide la liberación de Suu Kyi y el retorno a la democracia, las fuerzas de seguridad no han dudado en utilizar balas reales.
En Tamu, cerca de la frontera con India, una niña de seis años murió de un disparo este lunes mientras iba a comprar golosinas, dijo un vecino de la ciudad a la AFP.
El viernes fue uno de los días más sangrientos, y la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), un grupo local, confirmó que ese día “más de 80 manifestantes antigolpistas fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en Bago”, unos 65 kms al noreste de Rangún, la capital económica del país.
Pero los militares insisten en que su respuesta es proporcionada, y el jefe de la junta, el general Min Aung Hlaing, afirmó que los soldados están “garantizando la fortaleza de la democracia” en Rangún, según informaron los medios públicos.
A pesar del baño de sangre, las protestas y las huelgas continúan. Este lunes, en víspera de las celebraciones en Birmania del Año nuevo budista, hubo nuevas manifestaciones en Mandalay y en Kalay, en el norte del país.
En Rangún, varios autobuses fueron quemados en la noche del domingo al lunes.
El creciente derramamiento de sangre también ha enfurecido a algunos de la veintena de grupos étnicos armados de Birmania, que controlan franjas de territorio.
Este lunes, se registraron combates cerca de Momauk, en el estado de Kachin (norte), entre los militares y el Ejército Independentista de Kachin (KIA).
La represión de las manifestaciones ha generado una masiva condena internacional, principalmente de países occidentales, así como sanciones económicas contra miembros de la junta militar.
China y Rusia se han negado ha condenar a la junta y, al tener poder de veto en el Consejo de Seguridad, se oponen a las sanciones internacionales. No obstante China –el principal aliado del ejército de Birmania- ha expresado recientemente su creciente preocupación por la inestabilidad y ha dicho que está hablando con “todas las partes”.
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