"Justicia, justicia", gritaron la tarde del viernes familiares y amigos de una enfermera que supuestamente fue ahorcada por agentes en una celda policial del oeste de Honduras, aunque ellos alegan que se suicidó.
En un ambiente tenso por la presencia de amenazantes cordones policiales y llevando banderas blancas, unos 200 familiares y amigos de Keyla Martínez, de 26 años, marcharon por las calles del centro de La Esperanza, unos 150 km al oeste de Tegucigalpa.
“Estoy cien por ciento segura que a mi hija la mataron”, sentenció la madre de la joven, Norma Rodríguez, de 52 años, en declaraciones a la AFP. “Ella fue asesinada en las celdas de la Policía Nacional, donde ella debía ser protegida”, subrayó.
La policía dijo el domingo en un comunicado que la enfermera auxiliar y estudiante universitaria de enfermería fue arrestada junto a un médico, Edgar Velásquez, la noche del sábado por violar el toque de queda de la pandemia y “escándalo público” y que horas después fue detectada intentando quitarse la vida en la celda.
Añadió que enseguida fue llevada a un hospital, donde aclararon después en un comunicado que llegó “sin signos vitales”.
La muerte causó una fuerte conmoción en Honduras, sobre todo después de que la fiscalía descartó suicidio y dijo que murió por “asfixia mecánica” (ahorcada), según la autopsia.
El informe desató protestas en las calles de La Esperanza y la capital que fueron reprimidas con gases por policías.
El caso se enredó el jueves porque Velásquez insinuó en declaraciones a medios locales que Martínez se suicidó. Dijo que estuvo gritando en la celda contigua a la suya que se iba a suicidar si no la liberaban.
Horas después vio que policías la sacaban en peso y cuando amaneció le informaron que ella había muerto.
El portavoz de la fiscalía, Yuri Mora, indicó a la AFP que las investigaciones comenzaron con interrogatorios a otros diez presos que estaban en la celda y a 13 policías que estaban de turno esa noche.
“No es posible que sigan matando a los jóvenes en este país”, dijo a la AFP el padre de la enfermera, Luis Andrés Sosa (70). “Mi hija no cometió delito”. Sosa pidió al médico Velásquez que no mintiera, que “no sea cobarde”.
En la Esperanza también fue asesinada hace cinco años la ambientalista Berta Cáceres.
Por ese caso siete personas fueron sentenciadas con hasta 50 años de cárcel. Cáceres fue asesinada por encargo de una empresa que quería construir una represa en un río, un proyecto contra el cual luchaba la dirigente indígena lenca.
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