Al menos 2.000 militantes del partido FARC se concentraron este domingo en el centro de Bogotá, tras una "peregrinación" de 200 km y 10 días, para manifestarse contra el asesinato de firmantes del acuerdo de paz que desarmó a la otrora guerrilla.
“Nos estamos movilizando reclamando el respeto de nuestras vidas y también el cumplimiento de los acuerdos de paz ante un (…) genocidio contra los firmantes”, dijo a la AFP la senadora Victoria Sandino, quien ocupa uno de los 10 escaños en el Congreso que las FARC recibieron a raíz de los acuerdos firmados en noviembre de 2016.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), nombre del partido surgido de la que fuera la insurgencia más poderosa de América, inició su marcha hacia la capital el pasado 21 de octubre en el municipio de Mesetas, en el departamento de Meta (sur), tras el asesinato de los excombatientes Juan Monroy y Luis Alexander Largo. Ambos fueron baleados el 16 de ese mismo mes en esa región.
Dos excombatientes más fueron asesinados el 24 octubre mientras la delegación marchaba hacia Bogotá, en hechos que Rodrigo Granda, uno de los negociadores del acuerdo y dirigente del partido, calificó de “golpe bajo a la paz”.
–“Responsabilidad de Estado”–
Los excombatientes se dirigieron a la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá, donde convergieron otras dos delegaciones del partido que llegaron desde el sur y el norte del país para exigir una reunión con el presidente Iván Duque.
La manifestación estuvo acompañada de cornetas, tambores y varias pancartas, entre ellas una con la consigna “Duque: no firmamos la paz para ser asesinados”.
“Estamos solicitando que el presidente nos atienda para que hablemos de los desafíos que tiene el Estado colombiano para garantizar la vida de sus ciudadanos”, aseguró Pastor Alape, excomandante y hoy dirigente del partido FARC.
Duque asumió el poder en 2018 con un programa de gobierno que prometía modificar los acuerdos con las FARC por considerar que premiaban con impunidad los delitos atroces cometidos por la guerrilla a lo largo de casi seis décadas de levantamiento armado.
Sin embargo, el Congreso rechazó su iniciativa.
Según las FARC, 236 firmantes del pacto, que prevé penas alternativas a la prisión para los excombatientes a cambio de justicia, han sido asesinados desde su firma.
“Hay una responsabilidad de Estado en estos crímenes”, aseveró Alape agregando que los asesinatos han estado motivados por “la intolerancia” en “los discursos de funcionarios del gobierno (y) del mismo presidente de la República”.
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