Fuente: El Mundo
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sumó este lunes una nueva denuncia por blanqueo de dinero. Los fiscales de la Operación Lava Jato le denunciaron junto a su exministro de Economía Antonio Palocci y al expresidente del Instituto Lula Paulo Okamoto.
Los tres fueron acusados de blanquear al menos cuatro millones de reales (casi 640.000 euros) que la constructora Odebrecht donó al Instituto Lula entre diciembre de 2013 y marzo de 2014. El dinero tendría como origen los desfalcos en la petrolera Petrobras, y según los investigadores se entregó en cuatro tandas y disimulándolo como si fueran donaciones al Instituto Lula.
La principal prueba que aporta la Fiscalía es que los valores fueron debitados del sistema paralelo de sobornos que tenía Odebrecht, concretamente de la 'Tabla italiano' (supuestamente referida a Palocci) y de la subcuenta adjudicada al 'amigo', el supuesto mote de Lula. Las transacciones, por tanto, serían legales, pero el dinero era ilícito.
Los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT) remarcan que las donaciones eran legales y que "fueron debidamente documentadas a través de recibos emitidos por el Instituto Lula (que no se confunde con la persona del expresidente) y fueron debidamente contabilizadas".
Si la Justicia acepta esta denuncia contra Lula, el expresidente sumará el cuarto proceso en la Justicia Federal de Paraná, la central de la Operación Lava Jato, que en su día lideró el exjuez y exministro de Jair Bolsonaro Sérgio Moro.
Esta nueva denuncia se produce después de algunas noticias positivas para el líder izquierdista. El Tribunal Supremo Federal cuestionó en tres decisiones los métodos en los procesos contra Lula, y hace dos semanas la Justicia archivó otra acusación relacionada con Odebrecht y el Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (BNDES) al entender que no había pruebas concluyentes.
El expresidente salió de la cárcel en noviembre de 2019, pero aún pesa sobre él la condena del juez Moro referente al apartamento de Guarujá. Por este caso, sus derechos políticos fueron anulados, lo que le impediría presentarse a unas elecciones.
Sus abogados esperan ahora que el Supremo juzgue lo antes posible el recurso que pide que se anule su condena con el argumento de que Moro y los fiscales de la Lava Jato nunca fueron imparciales y actuaron con fines políticos.
La semana pasada, el portavoz del Gobierno Bolsonaro en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, sorprendió a propios y extraños al poner a Lula como ejemplo del supuesto activismo del poder judicial: "La interpretación de la ley era una, cambió para detener a Lula, pasaron las elecciones y cambió para soltar a Lula. No hay que esforzarse mucho para percibir activismo político", dijo.
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