El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este sábado que el país cumplirá la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que responsabilizó al Estado ecuatoriano de violar los derechos humanos de una menor que se suicidó tras ser violada por una autoridad de su escuela.
"En el marco del respeto a los #DDHH y del sistema interamericano, Ecuador ejecutará la sentencia dictada por la @CorteIDH en el caso de Paola Guzmán", publicó el mandatario en Twitter.
El fallo condenatorio, promulgado el viernes por la corte con sede en San José, destacó que la violencia sexual sufrida por Guzmán, entonces de 14 años, a manos del vicerrector del colegio donde estudiaba provocó el suicidio de la menor.
"El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con el estricto cumplimiento de la sentencia emitida" por la CorteIDH, expresó en tanto la secretaría de Comunicación de la Presidencia (Secom), en un comunicado.
La Corte determinó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, en perjuicio de Guzmán.
La sentencia dispone varias medidas de reparación como brindar tratamiento psicológico o psiquiátrico para la madre y hermana de la víctima, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y otorgar, en forma póstuma, el grado de Bachiller a Paola.
Obliga al Estado ecuatoriano a pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y costas y gastos.
"Nuestra lucha para erradicar la violencia sexual en el sector educativo, se mantiene firme desde el primer día de mi Gobierno", dijo Moreno.
En 2001, la menor fue violentada sexualmente por el vicerrector del colegio al que asistía, quien ofreció pasarla de año a cambio de mantener relaciones sexuales con él, reseñó Secom.
La autoridad del colegio mantuvo relaciones con la menor por más de un año y el personal del colegio estaba enterado, destacó la CorteIDH en la sentencia.
El 12 de diciembre de 2002, Paola ingirió pastillas que contenían fósforo blanco y, luego de ser trasladada a una casa de salud, murió.
Su madre acusó al vicerrector por los delitos de acoso sexual, violación e instigación al suicidio. En febrero 2003 se ordenó su detención y el 2 de septiembre de 2005 se le imputó el delito de estupro agravado. El implicado se fugó y en 2008 la justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal.
En tal sentido la Corte concluyó sobre "la responsabilidad del Estado, en perjuicio de la madre y la hermana de la niña, por la violación del derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la igualdad ante la ley".
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