El Gobierno brasileño se comprometió este miércoles ha adoptar "las medidas posibles" para contener la deforestación en la Amazonía, presionado por inversores que amenazan con retirarse del país si no se le pone coto a esa degradación.
"Seremos evaluados por la eficacia de nuestras acciones y no por la nobleza de nuestras intenciones", admitió el vicepresidente del país, Hamilton Mourao, tras una reunión de un concejo gubernamental que busca "soluciones para la Amazonía", en momentos en que en esa región ya se registra un elevado número de focos de incendios.
En las últimas semanas, el aumento de la tala de árboles y de los focos de incendios, atribuidos en buena medida a agricultores que preparan campos para la siembra, generaron preocupación entre fondos de inversión globales y empresas privadas del país, sobre todo tras los devastadores incendios de 2019.
Mourao reconoció que esa inquietud "que se despertó en Brasil y en el exterior" impone "la necesidad de una nueva política de Estado para la Amazonía", que organismos medioambientales afirman que está "bajo amenaza" por las políticas del presidente Jair Bolsonaro.
Sobre esas críticas, Mourao reiteró que algunas son parte de una suerte de "campaña" que sería instrumentada por países que temen ser afectados por el potencial de la agricultura brasileña y su creciente presencia en los mercados internacionales.
Sin embargo, reconoció que existen "problemas", frente a los que insistió en "dejar claro el firme compromiso del Estado brasileño, representado por el Gobierno, con la protección de la Amazonía y el desarrollo de esa región".
Mourao citó algunas de las medidas adoptadas hasta ahora, que no convencen aún a una treintena de fondos de inversión globales que manejan cerca de 3,5 billones de dólares en activos y han amenazado con reducir sus posiciones en Brasil si el Gobierno no presenta "resultados" en políticas medioambientales.
"Vamos a reducir la deforestación al mínimo aceptable y demostrar a la comunidad internacional nuestro compromiso", dijo Mourao, quien reconoció que los resultados que demandan los fondos privados solo podrán ser presentados hacia fin de año, una vez que en la Amazonía acabe la época de sequía e incendios que empieza ahora.
EL GOBIERNO ADMITE LA NECESIDAD DE MEJORAR LA FISCALIZACIÓN
Mourao hizo un repaso de algunas de las medidas adoptadas hasta este momento y destacó el despliegue de unos 4.000 soldados de las Fuerzas Armadas en la Amazonía, con la tarea de reprimir la acción de mineros y madereros ilegales, entre otras mafias.
Según el vicepresidente, esos grupos han crecido incluso debido a la crisis causada por la pandemia de coronavirus, pues "hay personas que han perdido sus empleos" y, forzadas a "buscar otras formas de subsistencia", se han sumado a buscadores de oro clandestinos.
"Este año el precio del oro ha subido de forma vertical", explicó Mourao, quien subrayó el apoyo del Gobierno a la etnia Yanomani, en cuyas tierras se calcula que operan unos 20.000 mineros ilegales.
También reconoció que el Gobierno debe "recuperar" la capacidad de fiscalización de los organismos oficiales dedicados al cuidado del medio ambiente, que de acuerdo a grupos ecologistas han sido "desmontados" desde que el ultraderechista Bolsonaro llegó al poder, en enero de 2019.
Mourao negó esas versiones y atribuyó la reducción del número de fiscales a problemas presupuestarios "heredados", pero garantizó que el Gobierno se propone "resolver" esa situación.
"Precisamos un plan para la recuperación de todos los órganos de fiscalización" dijo el vicepresidente, quien apuntó que eso hasta permitirá "liberar a las Fuerzas Armadas" de las actividades de vigilancia que ejercen en la región.
LA PRESIÓN INTERNA Y EXTERNA POR LA PRESERVACIÓN
El vicepresidente explicó que seguirá en contacto con inversores nacionales y extranjeros que han manifestado preocupación por la creciente degradación amazónica y que incluso retomó conversaciones con los Gobiernos de Alemania y Noruega para negociar una retomada de un fondo de protección que esos países patrocinaban.
Ese fondo, que contaba hasta el año pasado con 850 millones de dólares, era financiado sobre todo por esos países, que congelaron su participación en medio de los incendios del año pasado y en parte por el agresivo discurso de Bolsonaro en relación al ambiente.
Tanto Alemania como Noruega, al igual que los fondos globales de inversiones y poderosas empresas privadas, exigen la adopción de una economía de bajo carbono para la Amazonía, un reclamo al que esta semana se sumó una veintena de exministros de Economía de Brasil.
Esa presión parece comenzar a surtir efecto en el Gobierno, al punto de que el ultraliberal ministro de Economía, Paulo Guedes, ha reconocido la "importancia del crecimiento sostenible desde el punto de vista fiscal y ambiental".
Guedes intervino esta semana en una reunión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en la cual afirmó que si hubiera "excesos" en la Amazonía, "serán corregidos".
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