La batalla del coronavirus en Brasil, el segundo país más castigado por la enfermedad, transcurre paralelamente a un agravamiento de la crisis política, alimentada por las críticas al Supremo y el Congreso por parte del llamado "bolsonarismo", que este lunes sufrió un nuevo revés judicial.
La Corte Suprema de Brasil ordenó hoy el arresto de seis militantes de movimientos radicales que apoyan al presidente Jair Bolsonaro acusados de haber liderado manifestaciones antidemocráticas en los últimos días.
Entre los detenidos se encuentra Sara Winter, una activista que llegó a la ultraderecha tras dejar el feminismo y que se dice líder del grupo autodenominado "300 de Brasil", integrado por una treintena de activistas radicales que este fin de semana invadió una de las terrazas del Congreso y disparó fuegos artificiales contra la sede del Supremo.
"Tenemos la convicción de que es una prisionera política y vamos a accionar todas las herramientas legales para que sea puesta en libertad lo más rápido posible", dijo uno de sus abogados.
La orden de detención temporal -por un plazo de cinco días- fue dictada por el juez Alexandre de Moraes y se produce en el marco de una investigación abierta por el Supremo, a pedido del Ministerio Público Federal, que indaga una posible violación de la Ley de Seguridad Nacional en la celebración de actos contra la democracia brasileña, los cuales se han repetido en las últimas semanas en plena crisis del coronavirus.
En tales manifestaciones, a algunas de las cuales estimuló e incluso acudió el propio jefe de Estado en Brasilia, los militantes defienden el "cierre" del Congreso y de la Corte Suprema, así como una "intervención militar".
Uno de esos actos contó este domingo con el apoyo del ministro de Educación de Brasil, Abraham Wintraub, quien representa a los sectores más ultraconservadores del Gobierno y es investigado en el Supremo por la difusión de noticias falsas en Internet.
Entre los investigados por integrar la llamada "máquina de la propaganda" también se encuentra Sara Winter, así como otros activistas de ultraderecha, influyentes empresarios, parlamentarios y otras figuras políticas vinculadas a Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército y nostálgico de la última dictadura militar (1964-1985).
LA CRISIS POLÍTICA AGRAVA LA CRISIS SANITARIA
El pulso del Gobierno del líder de la ultraderecha brasileña con las Cámaras legislativas y el propio Tribunal Supremo se ha intensificado en las últimas semanas y ha desviado la atención de las autoridades sobre la gestión de la crisis del coronavirus, agravada en medio de las tensiones políticas.
Brasil es actualmente el segundo país del mundo con más muertes y casos de COVID-19, tan solo por detrás de Estados Unidos, y algunos especialistas consideran que ya es el nuevo epicentro de la pandemia.
Según el último boletín divulgado la víspera por el Ministerio de Salud, Brasil reportó un total de 43.332 muertes causadas por el nuevo coronavirus, con 612 nuevos fallecidos en el último día, mientras que el número de casos confirmados ascendió hasta los 867.624.
Pese a que el país aún no ha llegado al pico de la curva epidemiológica, muchos estados y municipios iniciaron este mes un plan de desescalada por fases, una reapertura que ha aumentado en flujo de pasajeros en el transporte público de las principales ciudades del país, como Sao Paulo o Río de Janerio.
Si bien el uso de mascarillas es obligatorio y las medidas de higiene han sido reforzadas en la mayoría de los establecimientos, especialistas sanitarios alertan del peligro de un nuevo repunte con el fin del aislamiento social.
De acuerdo con un estudio de investigadores de la Universidad de Sao Paulo y la Fundación Getulio Vargas divulgado este lunes, el relajamiento de las medidas de distanciamiento social en Sao Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil, podría provocar un aumento del 71 % de muertes en la región hasta julio.
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