Irak ahondó ayer aún más su crisis tras la decisión del presidente, Barham Saleh, de rechazar la candidatura a primer ministro presentada por la coalición Al Biná y de poner su cargo a disposición del Parlamento.
Casi un mes después de la dimisión de Adel Abdelmahdi en medio de la mortal represión a las protestas en rechazo al Gobierno y los partidos, las fuerzas políticas no han logrado ponerse de acuerdo sobre quién es la mayor fuerza parlamentaria y, por tanto, tiene derecho a nominar a un dirigente según la Constitución.
Lo ajustado de las elecciones y la volatilidad de las alianzas dejan a Saleh atrapado en una encrucijada burocrática que ya le llevó a consultar al Tribunal Supremo y al Parlamento.
Sin que este último haya resaltado sus dudas, Saleh aseguró que el nombramiento de un candidato sin saber cuál es el bloque con más escaños "puede representar una vulneración del texto constitucional".
