El Senado de Chile aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley que anula la subida del precio del pasaje del Metro de Santiago, alza tarifaria que motivó la protesta social que vive el país, y que tras su aprobación el domingo por la Cámara de Diputados quedó para su promulgación como ley.
Esta ley facultará al presidente de Chile, Sebastián Piñera, a dejar sin efecto o limitar un alza de tarifas en el transporte público de pasajeros.
El proyecto había sido enviado de urgencia por Piñera con el propósito de calmar los ánimos de la población, que está mostrando su hartazgo por la carestía y las desigualdades del país.
La norma, de artículo único, se analizó en una sesión especial para tal efecto que permitió a los congresistas reflexionar sobre los hechos de los últimos días en el país.
Los senadores condenaron los actos de violencia, pero a la vez hicieron un llamado a la unidad utilizando la empatía para resolver problemas concretos.
Se mencionó el descontento producto de bajos sueldos y pensiones, el precio de los medicamentos, el alza en los planes de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), la precariedad del sistema administrado por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la gestión de las administradoras de pensiones o el alza del transporte público.
También se abordaron el incremento del costo de las necesidades básicas, las tasas de interés de los bancos, la precariedad de la educación, el sobreendeudamiento, la desigual distribución del ingreso y el rol de la Constitución Política, entre otras situaciones.
El pasado 6 de octubre, el Metro de Santiago, una empresa privada en cuya propiedad participa el Estado chileno, aumentó en 30 pesos el precio del pasaje en hora punta, hasta situarse en 830 pesos (unos 1,2 dólares).
El precio lo fija el llamado Panel de Expertos con base en varios indicadores, como la inflación, el costo de los suministros para su operación y el tipo cambio, entre otros, y es aprobado por el Ministerio de Transporte.
En protesta por la subida del boleto del metro, cientos de ciudadanos, en especial estudiantes de secundaria y universitarios, iniciaron el pasado lunes entradas masivas al suburbano y levantaron las mamparas de cobro para que los pasajeros ingresaran a los andenes sin pagar.
La protesta se extendió a partir del viernes a otras zonas del país y se radicalizó, lo que sumió a Chile en un grave problema de orden público, con multitud de actos vandálicos, desde barricadas callejeras, incendios y saqueos a comercios y supermercados.
El Gobierno decretó el estado de emergencia en varias regiones para poner en manos del Ejército la seguridad.
El general de división del Ejército chileno Javier Iturriaga, responsable de la seguridad durante el estado de emergencia decretado en Santiago, estableció ayer el tercer toque de queda en la capital chilena y el resto de la región Metropolitana ante la persistencia de los disturbios.
"He llegado a la convicción de que necesitamos nuevamente decretar toque de queda", dijo el militar en una comparecencia pública.
Según el general Iturriaga, la jornada comenzó con relativa calma en la capital chilena, aunque con el paso de las horas se incrementaron los episodios de violencia.
"Comenzamos muy tranquilos y lentamente han comenzado a reunirse grupos de personas con la clara intención de causar daño y violencia para justificar sus demandas", indicó el militar, quien aseguró que en la región Metropolitana se produjeron 97 detenciones.
Además de la Metropolitana, las autoridades decretaron también toque de queda nocturno en la región de Valparaíso, la provincia de Concepción (sur), y las ciudades de Antofagasta, La Serena y Coquimbo (norte); Rancagua y Talca (centro) y Valdivia (sur).
