Ecuador quedó ayer bajo un estado de excepción, decretado por el Ejecutivo, a raíz de protestas de varios sectores sociales y el bloqueo de carreteras por parte de los transportistas contra el alza del precio de los combustibles, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional", dijo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno desde el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.

El anuncio lo hizo en momentos en que arrecian las manifestaciones, especialmente en la capital ecuatoriana, en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles.

"Los derechos se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país, la generación de trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas", señaló el gobernante.

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), rechazó el decreto de estado de excepción y aseguró que mantendrán sus protestas.

"Nuestro rechazo frontal a esta declaratoria porque eso es ir en contra de los derechos del pueblo ecuatorianos", dijo al asegurar que convocarán a una "movilización indefinida".

La ministra del Interior, María Paula Romo, comentó en una rueda de prensa que la paralización del transporte se cumplió "de manera parcial" y obligó al Gobierno a suspender las clases de escuelas y colegios para garantizar la seguridad de los estudiantes. Agregó que 19 personas fueron detenidas en las manifestaciones y argumentó que suspender los servicios públicos es un delito, penado con entre 1 y 3 años de prisión.