Un polémico fallo de la Corte Suprema que puso en duda algunos de los procedimientos de la Lava Jato dejó en jaque a esa vasta operación contra la corrupción y le dio aliento a decenas de condenados, que hasta pudieran recuperar la libertad.

El tribunal se pronunció desde el punto de vista constitucional sobre el orden en que deben presentar alegatos finales los acusados en un juicio en que alguno de ellos colaboró con la justicia contra otro procesado, lo que fue moneda corriente en la Lava Jato.

La mayoría de los jueces sostuvo que un procesado que colabora con la justicia es como un "auxiliar de la acusación", pues aporta pruebas contra otro que, en ese caso, debe presentar por último sus alegatos, lo que no ocurrió en la mayoría de los casos de la Lava Jato, que llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos.

Aunque se trata de un asunto estrictamente técnico y procesal, la decisión del Supremo consideró que esa inversión del orden en que se presentaron los alegatos atenta contra el derecho a la "legítima defensa" y hasta puede obligar a revisar sentencias, como de hecho ya decidió el propio tribunal al menos en dos casos.

Son los del expresidente de la estatal Petrobras Aldemir Bendine y el exgerente de esa empresa Márcio de Almeida Ferreira, condenados en la Lava Jato y cuyos procesos deberán volver al comienzo, pues en ambos casos entregaron alegatos antes de "acusados colaboradores".