El juez estadounidense que lleva el caso de extradición del expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006), acusado en su país de corrupción, determinó ayer que sigue habiendo riesgo de fuga y decidió mantenerlo en prisión provisional mientras se desarrolla el juicio.

El magistrado Thomas Hixson, del distrito Norte de California, desestimó así las nuevas pruebas aportadas por la defensa de Toledo y el aval de sus amigos por valor de un millón de dólares, y se ratificó en su decisión de finales de julio, cuando ya le denegó la libertad bajo fianza por primera vez.

El abogado de Toledo, Graham Archer, hizo una última "oferta" por la que allegados de su cliente ponían varias de sus posesiones como aval en caso de que este se fugase si le era concedida la libertad.

El total de estos activos, que incluía tanto ahorros personales como inmuebles, ascendía a 1 millón de dólares, aunque Archer recalcó que, más allá del valor monetario, era una garantía de que Toledo no traicionaría la confianza de "amigos de toda la vida" haciéndoles perder sus casas y dinero.