La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva acudió ayer al Tribunal Supremo y consiguió frenar la transferencia desde Curitiba, donde cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión desde hace exactos 16 meses, a una cárcel de Sao Paulo, que había ordenado una jueza de primera instancia.
Por diez votos a favor y uno en contra, la máxima corte del país atendió el pedido de la defensa del exmandatario y decidió, en una rápida sesión, suspender el traslado del ex jefe de Estado hasta que se juzgue un pedido de "habeas corpus" que está pendiente de análisis.
Los abogados del antiguo líder sindical habían contestado la decisión judicial de la magistrada Carolina Lebbos de trasladar a Lula a una prisión del estado de Sao Paulo, donde debería dar continuidad a la pena impuesta en tercera instancia por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales.
Tras la decisión judicial de Lebbos, estaba previsto que Lula fuera transferido al presidio de Tremembé, situado en el interior del estado de Sao Paulo y donde cumplen pena algunos de los reclusos más mediáticos de Brasil.
La transferencia había sido solicitada por la Superintendencia Regional de la Policía Federal del estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, tras alegar que, debido a la prisión de Lula, los cuerpos de seguridad deben actuar de forma "permanente" para evitar enfrentamientos entre "grupos antagónicos".
