La extradición a Perú del expresidente Alejandro Toledo entró ayer martes en su fase definitiva tras ser arrestado en su residencia de California y quedar formalmente a disposición de la Justicia estadounidense, que ahora decidirá si lo entrega a su país, acusado de actos de corrupción.

La detención de Toledo dejó la libertad de quien gobernara Perú entre 2001 y 2006 en manos de jueces de California, que debatirán ahora si debe ser enviado a su país para afrontar las acusaciones de haber recibido hasta 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio de favorecerlo en sus negocios en Perú cuando él aún era presidente.

Hasta la fecha, Toledo era formalmente un "prófugo" de la Justicia peruana, que en febrero de 2017 ordenó su detención preventiva mientras era investigado por los supuestos sobornos que recibió de la constructora brasileña.

Desde ese momento, el exmandatario se refugió en su residencia californiana, cerca de la ciudad de San Francisco, sin ocultarse del ojo público pero alejado de las garras de la Justicia de su país, beneficiado del lento y minucioso trámite burocrático que requiere un proceso de extradición desde EE.UU.

De hecho, el pasado marzo Toledo fue arrestado cerca de su domicilio por un caso de embriaguez pública y no pasó más que una noche en el calabozo de una comisaría, un caso que el expresidente calificó de "complot" y que negó hasta que las autoridades confirmaron el hecho.

Sin embargo, esta detención sí implica que finalmente los trámites de extradición culminaron y que la Justicia de EE.UU asumió, entre otras cosas, que hay causa probable de que Toledo hubiera cometido actos ilícitos reconocidos como tales en su jurisdicción, entre otros aspectos.

El próximo viernes, el mismo tribunal federal de California que ayer ordenó mantener en prisión al exmandatario analizará si el proceso de extradición se seguirá con Toledo preso o en libertad bajo fianza.

Lo más probable es que a principios de la semana próxima otro tribunal analice un pedido de hábeas corpus, que el expresidente está habilitado a presentar si cree que sus derechos fueron vulnerados.

Toledo siempre defendió que las acusaciones en su contra son una mentira, fruto de la "persecución política" que sufre por parte de sus "enemigos", aun cuando cada vez se corroboran más pruebas que apuntan a que recibió grandes cantidades de dinero de Odebrecht y utilizó mecanismos de blanqueo de dinero para ocultar su origen.