La jefa del Gobierno local de Hong Kong, Carrie Lam, dio ayer por "muerto" el polémico proyecto de ley de extradición y dejó entrever que el Legislativo no va a seguir con su tramitación, pero los opositores consideraron que el anuncio no cumple con sus demandas y exigieron la retirada completa del plan.
"Doy por muerto el proyecto de ley de extradición", dijo Lam este martes durante una rueda de prensa en un nuevo paso atrás en su discurso, aunque no dejó claro si dicha reforma legislativa se retira o no de forma efectiva.
Anteriormente, Lam había dejado la ley "en suspenso", dando a entender que el proyecto perecería por sí solo al término de la actual legislatura, que terminará a mediados de 2020.
Además, la líder del Ejecutivo anunció la creación de un comité de investigación independiente para fiscalizar la actuación de la Policía durante las protestas que han sacudido la ciudad durante el último mes, con el objetivo de calmar los ánimos de los manifestantes.
"Publicaré el resultado de este informe para que todo el mundo sepa qué ha pasado durante el último mes. La gente que ha participado, tanto manifestantes como agentes de policía, podrán aportar pruebas sobre lo que ha sucedido", dijo.
Asimismo, aseguró que establecerá una "plataforma para el diálogo" con los opositores a la ley y reconoció que los trabajos para sacar adelante la polémica normativa fueron "un completo fracaso".
La jefa del Ejecutivo hongkonés asumió "plena responsabilidad" por la crisis pero no atendió a otra de las principales demandas de los manifestantes estos días, su dimisión, y pidió "una oportunidad, el tiempo y el espacio" para devolver Hong Kong a la normalidad.
No obstante, el Frente Civil de Derechos Humanos –principal promotor de las protestas de las últimas semanas– consideró que las palabras de Lam están vacías y que "no significan nada nuevo", y destacó "su rechazo a decir que retira la iniciativa".
La portavoz internacional del Frente, Bonnie Leung, pidió en una rueda de prensa ante la sede del Parlamento la creación de un comité "realmente independiente" para investigar lo ocurrido, pues "no puede llevarse a cabo una investigación con garantías bajo la supervisión del Gobierno local".
