El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumentó ayer su presión contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con la presentación de un informe que denuncia graves crímenes de Estado como la comisión de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ayer formalmente el informe a los miembros del Consejo, que recibió el apoyo de la Unión Europea o buena parte de las naciones latinoamericanas del Grupo de Lima, pero fue condenado por la propia Venezuela y por Cuba. "Tal y como demuestra nuestro informe, el Estado de derecho y varias instituciones esenciales del país han sido profundamente erosionadas, el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes, y también en operaciones de las Fuerzas Especiales", subrayó Bachelet a los periodistas tras más de dos horas de debate.

"La tortura es un grave problema, como trágicamente ha mostrado la muerte del capitán Rafael Acosta hoy hace una semana", añadió la alta comisionada, quien se encontraba de visita oficial en Venezuela cuando se produjo la detención arbitraria del militar, fallecido el 29 de junio bajo custodia y tras ser torturado.

En su intervención ante el Consejo, la expresidenta chilena concluyó que "los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios".

Denunció que "el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida pública corre peligro de ser castigado con represalias y represión".

También lamentó "ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas".

"La única forma de salir de esta crisis es la unión, y pido al Gobierno de Venezuela que vea a la oposición y los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación", concluyó.