El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo ayer a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que los opositores a Nicolás Maduro son responsables de 77 asesinatos ocurridos en medio de protestas antigubernamentales, de un total de 160, según datos oficiales.

En las protestas violentas de 2014 y 2017, conocidas como guarimbas, "actores políticos" utilizaron "consignas para manifestarse violentamente" y se produjeron 77 asesinatos, dijo el fiscal al término de su reunión con Bachelet en la sede de la Cancillería venezolana, en Caracas.

Saab, que no señaló a los culpables de las 83 muertes restantes, destacó que esta "cifra alarmante" se debe a "ciudadanos que, militando en partidos políticos adversos al Gobierno venezolano, han cometido graves daños". "No solamente han ocurrido casos (de violación de derechos humanos) por parte de agentes del Estado", subrayó.

El fiscal explicó que entregó a la alta comisionada un informe "muy detallado" sobre el trabajo que ha hecho el Ministerio Público desde que él asumió el mando de la acción penal en Venezuela, en agosto de 2017, cuando lo designó en el cargo la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas. La Fiscalía, dijo, ha presentado en los últimos 21 meses 6.709 actos conclusivos en esta materia, acusó a 596 funcionarios vinculados con violaciones de derechos humanos y logró condenas para 104 de ellos.

Según estos datos, en Venezuela se han mantenido privados de libertad a 335 funcionarios por estos hechos.

El Ministerio Público "sanciona, investiga, persigue y finalmente condena a violadores de derechos humanos (...) esto revela un trabajo sistemático de derechos humanos, que derriba la matriz de opinión que medios de propaganda trasnacional han querido hacer ver de que aquí no se respetan los derechos humanos", prosiguió.

Saab también informó sobre 67 investigaciones por crímenes de odio que fueron cometidos en medio de las oleadas de protestas antigubernamentales que ha registrado Venezuela, especialmente en los años 2014 y 2017 cuando fallecieron en ellas al menos 40 y 120 personas, respectivamente. Además, el fiscal le comentó a Bachelet sobre las 193 personas que han sido beneficiadas en los últimos dos años con medidas como excarcelaciones o cambio de reclusión de un penal a arresto domiciliario.