El expresidente regional de Cataluña Artur Mas fue condenado ayer junto con otros antiguos altos cargos a devolver los 4.9 millones de euros (unos 5.7 millones de dólares) que costó a las arcas públicas la organización de una consulta independentista ilegal en 2014.
Mas, tres exministros regionales y otros seis antiguos funcionarios de alto rango de Cataluña fueron condenados por el Tribunal de Cuentas, un órgano que supervisa la gestión económica de las instituciones públicas. La condena se refiere a una consulta independentista ilegal celebrada el 9 de noviembre de 2014, en la que se preguntó a los ciudadanos si Cataluña debería ser un Estado y, en caso positivo, si debería ser independiente, un proceso que lo suspendió previamente el Tribunal Constitucional español.
La sentencia del Tribunal de Cuentas considera que no cabe duda de que tanto Mas como los demás miembros de su Gobierno demandados no solo no eran ajenos a las decisiones de gasto público del Ejecutivo regional, sino que eran los "máximos responsables" de estas decisiones.
Mas y el resto recibieron sanciones de acuerdo con su nivel de participación en la consulta y se les condena a reintegrar a la Generalitat la suma en que se cifra el alcance de sus respectivas responsabilidades. Por ello, se establece un sistema subsidiario por el que cada superior deberá pagar la cantidad que corresponda a sus entonces subordinados y estos no reembolsen.
Esto supone que Mas (presidente del Gobierno regional de Cataluña entre 2010 y 2016) podría llegar a ser responsable de reembolsar la cantidad completa si todos los demás condenados eluden sus sanciones.
En 2017, este Tribunal ordenó el embargo preventivo de la vivienda que Artur Mas puso para cubrir parte de la fianza de 5.2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en la citada consulta.
Tras consignar 2.9 millones de euros en efectivo, Mas y los exministros regionales Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el exsecretario general de Presidencia Jordi Vilajoana pusieron el 23 de noviembre del año pasado varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza.
