La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer la intensidad de la represión contra los manifestantes por parte de las autoridades de Nicaragua y confirmó que 264 personas han fallecido desde el inicio de las protestas en abril, algo que el Gobierno nicaragüense rechazó.
En su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrao, criticó "la profundización de las formas de represión contra los manifestantes" por parte de las autoridades locales, una conclusión que el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega desacreditó.
Corroboró que desde el comienzo de las protestas en abril hasta la fecha de ayer 264 personas han perdido su vida y más de 1.800 han resultado heridas. Además, censuró que los detenidos por las autoridades nicaragüenses han sido víctimas de "violencia, malos tratos e incluso tortura antes de ser trasladados a la sede de la Policía Nacional".
Ante estas incriminaciones, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, acusó a la CIDH de no ser objetiva en la elaboración del análisis, minutos después de la presentación de Abrao durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
"Es un informe apresurado y carente de objetividad. Se requiere de tiempo, imparcialidad y de una actitud profesional para informar con aproximación a la verdad de lo que realmente ocurre en Nicaragua", sostuvo Moncada. La de ayer no ha sido la primera vez en que el Gobierno de Ortega ha desprestigiado la labor de la Comisión en Nicaragua, donde la CIDH está presente de manera permanente a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que llegó al país centroamericano en la última semana de junio.
